El pasado fin de semana se perpetraron dos brutales agresiones hacia mujeres transexuales, una en Barcelona y otra en Madrid, la cual también incluyó abusos sexuales. El Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) detalla que en Catalunya se han registrado un total de 24 agresiones contra personas transexuales desde principio de año, principalmente contra mujeres. Eso representa un 14% del total de ataques contra el colectivo LGTBI en Catalunya.
En el ámbito internacional, un estudio de Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT) pone de manifiesto que del 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre del 2020 se registraron 3.664 ataques transfóbicos, de los cuales 350 acabaron con la muerte de la víctima. De estas, el 98% eran mujeres. Este trágico dato supone un incremento del 6% del número de asesinatos con relación al mismo ejercicio del año anterior. Por otra parte, un informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales de España, publicado en el 2019, remarca que un 40% de las personas transexuales entrevistadas había sufrido amenazas o maltrato psicológico durante el año anterior. Además, el 16% ha sido víctimas de agresiones o abusos sexuales y un 9% de violencia con lesiones.
Para combatir estas agresiones, desde los colectivos que trabajan con personas transexuales consideran que se requiere una ley trans, que garantice sus derechos. En este sentido, el ministerio de Igualdad ha elaborado una propuesta de normativa, que tiene sus cimientos en una legislación que habían trabajado los diversos colectivos transexuales de España.
Discriminación al colectivo
Gina Serra, presidenta de la Asociación de Transexuales de Catalunya (ATC), relata que las agresiones contra personas del colectivo son cotidianas. Relata que ella misma vive con miedo. Hace poco, narra, que ella habita en un pueblo cerca de Manresa, donde la estación está a oscuras y hay un descampado, por lo cual hay desprotección. Hace poco más una semana, cuando bajó de la estación se le acercó un hombre para preguntarle cuáles eran sus preferencias sexuales y huyó asustada porque no sabía si su reacción iría a más. "Estas agresiones son diarias", lamenta.
El presidente del OCH, Eugeni Rodríguez, explica que el hecho que el discurso de la ultraderecha haya llegado a las instituciones ha comportado un incremento de ataques LGTBifòbicos, y remarca que los transexuales son los más afectados. "En muchos países los asesinan", expone.
Pero no sólo son las agresiones, sino que Serra remarca que las discriminaciones tienen lugar en todos los ámbitos de la sociedad como el educativo, el laboral o la salud, entre otros. En este sentido, Mar Cambrollé, presidenta de la Federación de la Plataforma Trans de España, apunta que un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) resalta que el 80% de las personas transexuales sufren un "apartheid laboral". Es decir, que no tienen acceso al trabajo por su condición de género. Además, el informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales de España remarca que en 2018 el 42% de los miembros del colectivo sufrieron discriminación en su acceso al mercado laboral
"Hace falta que las administraciones garanticen los derechos de los transexuales y que se hagan protocolos por eso", resalta Rodríguez.
Por eso, tanto Sierra, Cambrollé como Rodríguez consideran que es indispensable una ley trans transversal, que garantice los derechos de estas personas a desarrollarse libremente y sin ser discriminadas dentro de la sociedad. "Necesitamos una ley integral que nos respete en todas las situaciones de la vida: en la salud, la educación, el deporte, la vida laboral o la identidad legal," apunta Cambrollé.
Despatologización de los transexuales
En 2007 se aprobó la actual ley que establece que, para que una persona pueda cambiar de sexo y nombre en documentos oficiales como el DNI, debe poseer un informe psicológico en el cual se determina que tiene una disforia de género a la vez que debe seguir con un médico un proceso hormonal durante, como mínimo, dos años. "Hace falta una ley despatologizadora", indica Rodríguez.
"La ley del 2007 nace con una fecha de caducidad. Es obsoleta porque vulnera la dignidad de las personas transexuales", considera Cambrollé. En este sentido, argumenta que la antigua normativa, que no contempla la libre determinación del cambio de sexo (que está ligado a un proceso médico) comporta que las personas transexuales "no son sujetos de derechos, sino que sean objetos de la medicina".
De hecho, esta normativa va en contra de las recomendaciones y exigencias de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) que reclaman que se despatologize los transexuales, es decir, que se trate a estas personas sin vincularlas a ningún trastorno mental.
En el 2018, la Organización Mundial de Salud (OMS) eliminó todas las categorías relacionadas con trastornos mentales y de comportamiento de las personas transexuales. Además, la ONU también ha remarcado en reiteradas ocasiones que se debe suprimir todos los trámites y exigencias legales que comportan que se asocie a las personas transexuales con enfermas psicológicas o de otro tipo.
Con respecto a la UE, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa instó en 2015 a todos los Estados miembros a desarrollar procedimientos rápidos, transparentes y accesibles para que las personas de este colectivo puedan cambiar sus certificados de nacimiento, tarjetas de identidad, pasaportes, certificados educativos u otros documentos similares. Además, recomienda eliminar la obligatoriedad de los tratamientos médicos o de salud mental como requisito para reconocer el cambio de sexo de una persona.
Precisamente, estos es uno de los puntos que quiere subsanar la propuesta de ley trans, que busca "superar el paradigma de enfermedad" que contempla la legislación del 2017, y suprime que sea obligatorio aportar o acreditar cualquier tipo de documentación médica, así como someterse a cirugías genitales o terapias hormonales para cambiar el sexo y nombre en los documentos oficiales. Así pues, busca permitir que el reconocimiento de la identidad de género sea "libremente manifestada".
Los menores
Otro de los retos de la futurible legislación es que los menores de edad también puedan cambiar su sexo. La antigua normativa no lo permite, pero, en cambio, existe una resolución judicial del Tribunal Constitucional del 18 de julio del 2019 favorable al respeto. En esta se detalla que "dejar a fuera a las personas menores de edad, supone que a estas se las excluya de la eficacia del principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad en lo que se refiere a decidir sobre la propia identidad".
Según expone Cambrollé, el 58% de los menores han sido víctimas de la transfobia como insultos, amenazas, agresiones físicas e, incluso, abusos sexuales. En este sentido, el 85% de los jóvenes transexuales son menos felices en proporción los jóvenes de su edad.
Desde colectivos feministas se ha denunciado que la legislación impulsa a los menores a realizar un cambio género. Ahora bien, tal como argumentan Cambrollé y Serra, eso no es verdad, ya que la normativa contempla que una persona pueda modificar su identidad en el DNI sin la necesidad de pasar un proceso hormonal, por lo cual pueden mantener su cuerpo, pero tener una documentación acorde a su género. Además, Serra añade que el problema es que esta concepción clasifica a los menores según su sexo, pero que en realidad se tiene que tener en cuenta su género. "Eres un hombre y te sientes a una mujer", resalta.
Otros aspectos
La futura legislación también persigue combatir las discriminaciones que puedan vivir las personas extranjeras en España. Por eso, las que tengan una residencia legal en España podrán solicitar el cambio de nombre y sexo en su tarjeta de residencia o permiso de trabajo siempre que acrediten que no pueden modificar su nombre en el país de origen porque eso supongo un riesgo para su vida o una patologización.
Asimismo, la propuesta de ley también incluye el reconocimiento de las personas no binarias, es decir, de aquellas que no se definen en los parámetros de hombre y mujer o masculinas y femeninas.
Precisamente, los puntos que se recogen en la legislación son las líneas rojas que el colectivo no piensa renunciar, explica Cambrollé. Además, estos tienen que ir acompañados de políticas activas de empleo para que se contrate a personas transexuales tanto en el ámbito privado como público.
Otro de los objetivos de la ley es homogeneizar las diversas legislaciones que existe actualmente en España, ya que en ocho comunidades autónomas se han aprobado normativas que velan por los derechos del colectivo. En Andalucía y Canarias desde el 2014, Madrid (2016), Valencia (2017), Aragón (2018), País Vasco y Navarra (2019).
Por otra parte, Catalunya también dispone una Ley LGTBI. Ahora bien, tal como recuerda Rodríguez esta no es especifica para el colectivo, sino que es para toda la comunidad LGTBI. "Reconoce sus derechos, pero se necesita una específica para las personas transexuales", afirma.
Además, Serra también destaca que la legislación catalana, por ejemplo, ha servido para poner en marcha la Unidad de Identidad de Género de l'Institut Català de Salut (ICS), pero comenta que la normativa de Catalunya se encuentra con limitaciones para poder desarrollarse porque no existe una española que lo permita.
Ahora, sin embargo, considera que si se aprueba la legislación que han trabajado las entidades y que recoge el ministerio de Igualdad se resolverían las diversas discriminaciones que sufre el colectivo. "Si no la recortan, es una ley completa. Cuando llegue al Gobierno, al Congreso y al Senado veremos cómo queda", valora Serra.
El momento de los transexuales
Para Cambrollé el hecho que haya sobre la mesa esta propuesta de normativa es un éxito del activismo de los transexuales que ha conseguido poner esta legislación en la agenda del Gobierno, ha abierto el debate social sobre las desigualdades que afectan al colectivo y manifiesta la necesidad de una reparación a las víctimas de transfobia.
"Esta ley ha venido a reparar un daño histórico y anacrónico", enfatiza Cambrollé. En este sentido, puntualiza que con la llegada de la democracia, la única diferencia con respecto a la dictadura, es que ahora no encarcelan a los transexuales, pero que las discriminaciones se muestran en todos los ámbitos de la sociedad.
La presidenta de la Federación Plataforma Trans ha pedido el apoyo del colectivo LGTBI para conseguir esta ley. "Cuando ha sido un momento histórico para el colectivo LGTBI, nosotros hemos puesto el rostro y el cuerpo. Ahora le toca al movimiento LGTBI parar y cerrar filas con los derechos de las personas transexuales", opina.
De la misma manera piensa Rodríguez. "El 2014 era el momento de las personas LGTBI y tener una ley para el colectivo en Catalunya. Ahora es el momento de los transexuales. Son los que sufren la parte más oscura de todas las agresiones. Se tiene que visibilizar este movimiento que ha dicho basta y nosotros trabajaremos con ellos para eso", sentencia.