El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha criticado la aprobación de la Ley de la eutanasia en el Congreso. "La Iglesia está al servicio de la vida, la vida es un don y la eutanasia es un fracaso", ha afirmado Omella este sábado en los micrófonos de Cope Catalunya y Andorra.
Nosotros hemos dicho siempre que se tiene que cuidar que la gente no sufra al final de la vida y por eso están las curas paliativas. Si una persona siente que hay gente que la ayuda, que la quiere, esta persona no quiere morir", ha reflexionado el también presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
En paralelo, Omella ha cargado contra la Ley Celaá: "Nace sin consenso político y no ha dejado hablar a padres, profesores o sindicatos. Eso es muy grave". El cardenal arzobispo de Barcelona ha reclamado "educar en libertad, y no en el pensamiento único" y ha exigido a los partidos un pacto para la educación.
"No puede ser que cada cuatro años tengamos una nueva Ley de Educación", ha apuntado Omella, que también se ha quejado del trato que recibe la asignatura de religión a la futura Llei Celaá. "Queda en una situación casi residual. La religión no es un adoctrinamiento, son valores que nos forman como sociedad", ha advertido al presidente de la CEE. La ley Celaá también ha sido cuestionada por la sentencia del TSJC, que exige un mínimo del 25% de castellano a las clases de la escuela catalana.
También ha se ha mostrado convencido de que la Ley de la eutanasia será recurrida. Entiendo que algunos partidos políticos presentarán recursos delante del Supremo y el Constitucional, y ellos decidirán. Yo creo que tenemos que cuidar el derecho a la vida", ha concluido Omella.
PP y Vox, solos
Sólo el PP y Vox se opusieron a esta ley, así que son las dos formaciones que tienen motivos para recurrirla a los tribunales. Desde el Gobierno esperan que entre en vigor durante los primeros meses del 2021.
A pesar de las protestas de PP y Vox, el derecho a una muerte digna, regulado sólo en tres países europeos, cuenta con un amplio apoyo social. Según el CIS, hasta el 70% de los españoles, incluso entre los que se declaran católicos. La ley llega después de años de lucha de movimientos ciudadanos.