Seis años de prisión. Es la pena que pide Javier Pulido, el padre que logró el 25% de castellano en la clase de su hija de P5 en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, para un vecino de L'Hospitalet de Llobregat por haber mandado a través de las redes sociales, como Twitter (actualmente, X), mensajes amenazadores contra su familia. En concreto, le pide cuatro años de cárcel por el delito de odio agravado por la ideología y dos años más por el delito contra la integridad moral. La fiscal del servicio de Delitos de Odio le pide dos años de prisión por el delito contra la integridad moral. Es la misma condena que el ministerio fiscal solicita para otros tres vecinos de Barcelona porque también considera que con sus mensajes humillaron y causaron angustia a la menor y a su familia. Las defensas de los ciudadanos pedirán su absolución al considerar que las expresiones se enmarcan en la libertad de expresión. La Audiencia de Barcelona tendrá que juzgar al vecino de L'Hospitalet porque la pena solicitada supera los cinco años de prisión. La Fiscalía y la acusación particular piden a los investigados que indemnicen a los padres y a la menor con 3.000 euros a cada uno.

El acoso a la familia se sostiene que empezó en diciembre de 2021, cuando se difundió que la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ordenó al centro escolar de Canet de Mar impartir el 25% de clases en castellano en el aula de la menor, que la familia había conseguido, pero que ni el Departament d'Educació ni el centro aplicaban. Las redes sociales se llenaron de mensajes despectivos hacia la familia. "Son un claro indicador de la existencia de un movimiento de respuesta hostil con claros sesgos xenófobos y segregacionistas", afirma el abogado de la familia, Alexandre Girbau, a cuyo escrito de acusación ha tenido acceso ElNacional.cat este jueves.

Mensajes de odio

En el escrito de acusación, la familia sostiene que el vecino de L'Hospitalet de Llobregat "publica expresiones promoviendo el odio humillante e hiriente contra el colectivo castellanohablante residente en Catalunya", y que la familia Pulido estuvo señalada "violando su intimidad personal" en represalia a su petición de aplicación de la sentencia dictada por la sección 5.ª de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC, que ordenaba al centro dar más clases en castellano en la clase de parvulario, aunque ya se había aprobado un plan educativo.

Se añade que "en algunos de los muchos mensajes se realizaban convocatorias para señalar al menor y a su familia, exponiendo datos personales y profesionales con el objetivo de aislar al menor como un apestado".

Uno de los mensajes atribuidos a Carles, el vecino encausado, decía: "Lo siento por el niño, pero le tendrían que hacer bullying hasta que se largue". Las acusaciones sostienen que con estos mensajes se perseguía "generar a la familia sentimientos de angustia y dolor" e, incluso, "con un claro objetivo de doblegar su posición, y sirviendo como una clara advertencia intimidatoria para otras familias". El padre también critica que el TSJC solicitó protección a la familia y que desde el centro "no se hizo nada", aunque no hubo ningún incidente.

Por el contrario, la denuncia contra el exlíder del PP Pablo Casado por proferir falsedades sobre la escuela catalana, como que se meten piedras en las mochilas de los niños que no hablan catalán, ha sido archivada por los tribunales al considerar que se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión.