"Hemos barrido todo el presupuesto del 2016. Hemos ido rascando del presupuesto del Departament", explica Carles Mundó, conseller de Justícia, en el momento de anunciar que los trabajadores de los juzgados cobrarán este noviembre la paga extra que les recortaron en el 2012. Son los únicos que se habían quedado al margen del acuerdo al que la Generalitat ha llegado con el resto de funcionarios porque la administración de Justicia depende del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

"Hemos priorizado resolver esta cuestión y dedicar energías y recursos a otras prioridades a partir de 2017", ha expuesto Mundó. El Departament de Justícia destinará 9'6 millones de euros a pagar la paga extraordinaria pendiente de 2012 a 7.600 trabajadores de la administración de justicia.

Según el conseller "era mejor cerrar esta carpeta y enfocar el año 2017 con otras prioridades". Para Mundó el retorno de la paga es "reparar una injusticia y pasar página a los recortes del 2012". "Cerramos una carpeta y podemos seguir trabajando de cara a un futuro", dice.

El retorno de la paga afecta a todos los trabajadores actuales y los que ya no están pero que en 2012 trabajaban en los juzgados. Eso significa que los herederos de los trabajadores que hayan podido morir durante estos últimos años, también cobrarán la paga correspondiente.

Justicia devolverá la paga al personal que se encarga del auxilio judicial, tramitación procesal administrativa, la gestión procesal administrativa y a los médicos forenses. las cantidades van de 1.170 euros a los 1.691 euros.

Medida excepcional

Para acelerar el pago el Consell Ejecutiu de este martes aprobará un decreto ley que permitirá el pago el mes que viene, sin que dependa del presupuesto del 2017. "No es una medida habitual", puntualiza el conseller. Sin el decreto ley, el retorno de la paga extra se tendría que haber acordado en el marco de una ley, como pueden ser los presupuestos de 2017, y todo el trámite se hubiera alargado.

Los trabajadores de los juzgados quedaron excluidos del acuerdo general a lo que se llegó el 21 de junio con el resto de funcionarios, por las peculiaridades del cuerpo de funcionarios de la administración de justicia. Este acuerdo prevé retornar la paga en tres plazos. Son unos 400 millones de euros. Los funcionarios catalanes de la administración de justicia no son los únicos que tienen pendiente de cobrar la paga de 2012. Hay 5 comunidades autónomas que dependen del Ministerio y los han ido pagando gradualmente. Ahora mismo no han cobrado todos todavía. En Andalucía, por ejemplo, el plazo de pago acaba en el 2018.

Mundó se ha mostrado satisfecho pero "sin ningún tipo de triunfalismo", ha dicho él mismo. El conseller ha apartado esta medida de las negociaciones de los presupuestos. No lo relaciona en ningún momento con las negociaciones para el apoyo de la CUP. Si alguien lo quiere interpretar así... pero no hay ningún grupo que no tuviera interés por hacerlo lo más rápido posible", ha dicho Carles Mundó refiriéndose al decreto ley que agiliza el retorno de la paga extra. "Todos coincidimos, la CUP también, al valorar positivamente dejar atrás los recortes de 2012", ha añadido.

Recurso de casación

Desde la retirada de la paga extraordinaria de 2012, varios trabajadores de la Administración de Justicia, colectivamente o individualmente, han presentado a los tribunales la exigencia del pago inmediato. El resultado de estas denuncias ha tenido varias respuestas, según el caso. Algunos jueces han avalado el retorno íntegro inmediato de la paga. Otros, han sentenciado que la Administración puede prorratear el ingreso.

Justicia presentó un recurso de casación al Tribunal Supremo en 2015, para obtener un criterio común. Ahora el Departament ha decidido retirar el recurso y pagará el importe íntegro.

¿Paga suspendida, por qué?

La supresión de la paga extraordinaria del 2012 fue consecuencia del Real decreto ley 20/2012, del 13 de julio, del Gobierno español, que afectó a las retribuciones de los funcionarios y personal laboral de las administraciones públicas de todo el Estado.

El año 2015 todos los trabajadores del sector público recuperaron a un 24'04% de la paga extra por un importe equivalente a la parte proporcional de los primeros 44 días por cada año trabajado. Si el Departament hubiera mantenido la previsión inicial, los funcionarios e interinos habrían acabado de cobrar el importe pendiente en 2018 según explica el Departament de Justícia.