Este septiembre hace un año que los catalanes dejamos de pagar buena parte de las autopistas de nuestro país. Desde entonces, sobre el gobierno catalán y español sobrevuela el debate de cómo se tienen que mantener estas carreteras, pero parece que, de momento, es una cuestión que no se quiere abordar a corto plazo. Con la retirada de los peajes, la Generalitat ha tenido que destinar seis millones de euros a mantener la C-32 y la C-33 y el Estado setenta más por la AP-7 y el AP-2 en Catalunya. Se trata de unos costes inasumibles a largo plazo y el Gobierno ya ha pedido soluciones a Madrid.
A pesar de la presión catalana, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se mantiene inmóvil. Asegura que ahora, en plena crisis social y económica, no es el momento de volver a hacer pagar para utilizar las carreteras, pero dice ser consciente de que hay que plantearlo. De hecho, el Gobierno se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones.
Es por eso que el Estado ya ha encargado a una consultora pública varios informes para estudiar cuál sería la mejor manera de poder mantener las carreteras, ya que España es uno de los pocos países europeos que todavía no tiene sistemas de pago de vías. De momento, todo apunta que entraría en vigor en el 2024. ¿Qué se está planteando?
¿Cómo, cuándo y qué autopistas o autovías serán de pago?
Ahora mismo sobre la mesa hay dos opciones: hacerlo con el modelo alemán, es decir, pagando una tarifa plana con que puedes circular por las carreteras de todo el país o cobrar un céntimo por cada kilómetro en vías de alta capacidad. Este último es el modelo que ahora mismo tiene más fuerza. En caso de ser así, por ejemplo, el trayecto entre Barcelona y Madrid costaría seis euros y medio.
De momento, oficialmente, el Gobierno no ha concretado cuáles serán las carreteras afectadas, pero todo apunta que inicialmente se implementaría en las autovías estatales y las autopistas con las concesiones caducadas. Se trataría de una implantación progresiva que dejaría la puerta abierta a los territorios para que puedan determinar su voluntad de incorporar las redes de carreteras de su titularidad".