Pagar incentivos económicos a los jueces para que redacten sentencias en catalán. Esta medida se implantó hace veinte años en la Administración de Justicia —con el Govern de CiU— para que los derechos lingüísticos de los catalanes fueran respetados y ahora el Govern socialista —que la eliminó con el primer tripartito— la quiere recuperar. El catalán sigue siendo testimonial en los juzgados de Catalunya, a pesar de los cursos gratuitos y equipos de lingüistas que tienen jueces y funcionarios. Además de la falta de jueces catalanes, saber el catalán sigue siendo un mérito y no un requisito para trabajar en la Administración de Justicia en Catalunya, como se reclama de hace años. La propuesta de los incentivos se ha incluido en el paquete de medidas para impulsar el uso del catalán en la justicia que ha validado la Mesa por el Pacto Nacional por la Justicia, que se ha reunido este lunes, y que ha sido presidida por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler. También se ha abordado el despliegue de la Ley de medidas de eficiencia en el Servicio Público de Justicia (Ley orgánica 1/2025), que se tiene que aplicar este año de forma escalonada y en la que los Tribunales de Instancia sustituirán los juzgados unipersonales.
Las cifras son claras y decepcionantes: el porcentaje de sentencias judiciales en catalán en el año 2024 cayó hasta el 6,56% (19.385 sentencias), mientras que en el año 2004 se llegó al 20% (unas 40.000 sentencias) gracias a los incentivos económicos. Se inició un plan piloto con 40 juzgados el año 2000 (ampliado a 121 juzgados) y se quería ampliar a todo el territorio catalán. La propuesta fue pagar un incentivo económico de 1.000 euros anuales al personal de los juzgados, tanto jueces como secretarios y administrativos, para fomentar el uso del catalán en la redacción de los documentos de los tribunales. En diciembre de 2005 se paralizó este pago por la dificultad de aplicarlo, según Justicia. Los jueces y letrados de la Administración de Justicia que hacía dos años que estaban en Catalunya y que ya habían participado durante este tiempo en el plan piloto, dejaban de cobrar el incentivo.
Más medidas
El conseller Espadaler se ha comprometido "a revertir la tendencia a la baja del uso del catalán en la Administración de Justicia" y ha añadido que para hacer este cambio de tendencia "hacen falta la cooperación y la complicidad" de los agentes jurídicos, así como de los colegios profesionales de abogados, procuradores y de notarios.
En la reunión, también han asistido la consellera de Salud, Olga Pané; el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. Precisamente, Vila ha asegurado que "es una profunda irregularidad lingüística del sistema judicial en Catalunya "que el 80% de los casos que una persona pide explícitamente la tramitación en catalán de un procedimiento judicial, esta opción se incumpla, tal como denunció Plataforma per la Llengua.
Con respecto al fomento del catalán, actualmente se mantiene un convenio entre el Departament de Justicia y el Consejo de la Abogacía Catalana por el cual se bonifica con hasta 25 euros a los abogados del turno de oficio cada vez que inician las actuaciones judiciales en catalán. La Abogacía Catalana también hace años que ha impulsado el portal Compendium.cat, donde todo profesional puede encontrar escritos judiciales y leyes en lengua catalana. El departament recuerda que destinará 500.000 euros al impulso del catalán en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita. Además, añade que se impulsará que esta medida —la bonificación para los letrados para incoar actuaciones en catalán— se pueda ampliar también a los abogados privados.
Aprovechar la inteligencia artificial
Paralelamente, se detalla que, aprovechando los avances de la inteligencia artificial (IA), el Departament de Justicia ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial una propuesta para que su Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) —repositorio de sentencias judiciales— pueda traducirse automáticamente al catalán. La traducción —se indica— sería posible a través de un traductor jurídico que se está desarrollando desde Justicia y sería consultable a través del Portal Jurídico.
Se añade que Justicia también está desarrollando, con ayuda de fondos europeos, la "textualización de las vistas orales", que permitirá localizar y transcribir los textos en lengua catalana de los audios de las declaraciones en los juicios.
Presentes en la reunión
Al encuentro de la Mesa han participado los grupos parlamentarios del PSC-Units para Avanzar, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP y el diputado de los Comuns Andrés García Berrio, en calidad de presidente de la Comisión de Justicia; representantes de los colegios profesionales de la abogacía, los procuradores, los notarios, los registradores de la propiedad, los graduados sociales y los censores jurados; las patronales Foment y Pimec; los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF; entidades del mundo local como la Federación Catalana de Municipios, la Asociación Catalana de Municipios y la asociación Micropueblos, y entidades de defensa de la lengua catalana como Plataforma per la Llengua.