El juicio a Fèlix Millet y Jordi Montull por el saqueo en el Palau de la Música podría retrasar el juicio del otro gran caso de los tribunales catalanes: el de Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau por la consulta del 9-N.

Los dos están en la recta final, pero la complejidad del juicio por el saqueo del Palau de la Música dejará esperando en la cola a Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau. Además, el caso Palau cuenta con el mismo fiscal y algunos de los abogados del caso 9-N y la complicación de los dos procesos hará difícil que puedan coincidir. Por lo tanto, uno tendrá que ir detrás del otro. Y el primero será el de Millet y Montull por como están ahora mismo los trámites en la Audiencia de Barcelona.

El juicio del Palau de la Música está a punto para entrar dentro del bombo de la asignación de fechas. Está todo a punto para fijar ya el día de inicio que se espera que pueda caer hacia el mes de enero. La gran cantidad de testigos y pruebas hará que se alargue unos meses. Eso complica todavía más encontrar las fechas que mantendrán varios jueces, fiscal y abogados cerrados en el proceso. Es una situación similar a la que se vivió en el caso Treball.

Hasta que no se acabe este proceso, los abogados ven complicado poder compaginar los dos juicios: "Si estamos con el Palau, no podemos hacer el 9-N", dicen a El Nacional fuentes de la defensa. "El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya se tendrá que esperar", dice el abogado de Montull. Y es que además de la posible coincidencia de sesiones, está toda la preparación con los acusados, los interrogatorios de los testigos, las pruebas y los informes finales.

El fiscal es el mismo. Emilio Sánchez Ulled, uno de los fiscales anticorrupción de Catalunya, está al frente del caso desde que se destapó y desde que empezó a investigar a raíz de los anónimos que llegaron al Ministerio Público cuando la fiscal Teresa Compte era la titular. Sánchez Ulled se encargó del caso desde un buen principio y ha estado investigando todo el expolio desde el inicio, desde el 2009, con la instrucción a cargo del juez Juli Solaz, el denominado "juez caracol".

También coincide en el proceso el letrado Xavier Melero, abogado de Artur Mas en el caso 9-N y de la antigua Convergència en el caso del Palau de la Música. CDC tiene la sede de la calle Còrsega todavía embargada. El juez acusa al partido de tener un "pacto criminal" con Millet y cobrar comisiones de empresas adjudicatarias de obra pública a través del Palau.

El tercero es Jordi Pina. El abogado de Jordi Montull es también el abogado de la exconsellera de Educació Irene Rigau. Pina representa a Montull desde el primer día, cuando el verano del 2009, justo después de los registros en el Palau, él y Millet fueron al despacho que comparte con Pau Molins, el primer abogado de Fèlix Millet que finalmente abandonó porque Millet no pagaba sus honorarios y no hacía ni caso de la estrategia de defensa que se había diseñado. Millet fue a la suya, y finalmente Pau Molins, también. Pero Millet no abandonó las visitas al despacho de Jordi Pina y se siguió viendo con el abogado de su mano derecha, Jordi Montull. Pina ha sido el abogado defensor de Montull pero también una especie de consultor y saco de lamentaciones de Fèlix Millet. Convive, judicialmente, con los dos personajes desde hace 7 años.

Caso Palau

El caso Palau ha estado tres años atascado. En el 2013 se cerró la instrucción pero no se pudo enviar a la Audiencia de Barcelona para abrir el juicio oral porque no se localizaban los responsables de las empresas implicadas y porque la FAVB, la acusación popular, había pedido un cambio en el procedimiento seguido hasta ahora. Ahora hace un mes el juzgado de instrucción número 30 de Barcelona salió del callejón sin salida y remitió todo el sumario en la Audiencia donde se desencadenará para empezar la parte final de un caso que hace 7 años que duerme en la Ciutat de la Justícia.

Los investigadores concluyeron que Millet y Montull se apoderaron de 30 millones del Palau y que el partido nacionalista cobró 6,6 millones en comisiones de Ferrovial a cambio de la adjudicación de obra pública. Desde entonces, diferentes estrategias procesales de las partes habían retrasado el fin de la instrucción.

Los escritos de acusación ya están todos a punto: la Fiscalía pide siete años y medio de prisión para el extesorero de CDC, Daniel Osácar, y cuatro años de prisión para dos directivos de Ferrovial. Y al partido, que también se sentará en el banquillo de los acusados como responsable civil, 6,6 millones de euros por "comisiones ilícitas". Para Millet y Montull pide una pena de 27 años y medio de prisión para cada uno. Para Gemma Montull, 26 años de prisión. La acusación popular, la FAVB, pide 37 años de prisión para Millet y 25 para Montull.

Caso 9-N

El caso 9-N ha seguido una instrucción relámpago comparada con el caso Palau. El caso empieza a partir de la querella que presenta la Fiscalía el 21 de noviembre del 2014, 12 días después de la consulta, y se cierra un mes antes que el caso Palau, el 28 de junio del 2016. Pero en este proceso, a diferencia del caso Palau, todavía no están hechos los escritos de acusación. El Tribunal Superior de Justicia ha suspendido, excepcionalmente, el plazo para presentarlos a la espera de resolver los últimos recursos, ante la apelación de las defensas de Mas, Ortega y Rigau.

Por eso a las defensas les extraña que la Fiscalía esté ya filtrando su escrito de acusación y las penas que pedirá: "Es sorprendente que se hayan hecho los escritos de acusación". Hace una semana el diario El Mundo se hacía eco de lo que podría pedir el Ministerio Público contra el expresident de la Generalitat: 10 años de inhabilitación. A las defensas no les hace ni frío ni calor. De hecho, es lo que corresponde a los delitos a los que se les acusa: desobediencia y prevaricación administrativa. Ninguno de los dos prevé penas de prisión. Sobre la inhabilitación, los letrados dicen a El Nacional que "es normal, la pena es de 10 años" cuando se trata de un delito de inhabilitación.

De lo que están pendiente ahora las defensas de Mas, Ortega y Rigau es que la acusación popular no acabe pidiendo que se les acuse de un delito de malversación de fondos público, que sí que comporta penas de prisión.

Si todo va sobre el previsto, no será hasta septiembre, cuando los jueces vuelvan de vacaciones, que no valoren y resuelvan los recursos de los abogados del expresident de la Generalitat, la exvicepresidenta y la exconsellera de Ensenyament. Después se requerirán los escritos de acusación y después se pondrá la fecha para el juicio que dirigirá un tribunal del TSJC.

Un magistrado conservador para Artur Mas

El juez que hasta ahora ha estado investigando el caso 9-N se ha marchado. Lo ha dejado todo encauzado, sin embargo. Joan Manel Abril pidió una excedencia y tres días antes de marcharse cerró la instrucción. Abril es actualmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andorra. Su sustituto es Franciso Valls Gombau. Magistrado conservador que comparte la Sala de lo Civil y Penal del TSJC con Carlos Ramos y Jesús Maria Barrientos, el presidente del TSJC.

Los tres tienen que acabar de cerrar el caso de que tiene una pata en el Supremo. Porque la pieza que afecta a Francesc Homs finalmente se ha quedado en Madrid. Homs declarará ante el Tribunal Supremo el 19 de septiembre.