Palma está dispuesta a abordar la crisis provocada por el turismo masivo que llega a las Islas Baleares, que masifica los espacios públicos, agrava la falta de vivienda por la proliferación de pisos turísticos, hace subir alquileres y expulsa a los residentes de su casa para no poder hacer frente al aumento de los costes de la vida: el alcalde de la capital mallorquina, Jaime Martínez (PP), ha presentado este miércoles una batería de medidas que propondrá al Gobierno de las Islas en la mesa de diálogo que el Ejecutivo de Marga Prohens ha impulsado para abordar la problemática. Se trata de propuestas a priori profundas como limitar la llegada de cruceros o prohibir que se amplíe el parque de alquiler turístico, algunas de las cuales se pueden aprobar por parte del Ayuntamiento y otros que son competencia del gobierno autonómico.
Con respecto a las medidas que requerirían las competencias de organismos más elevados que el consistorio, el gobierno local propone una mayor presencia de efectivos policiales, y si hace falta de Policía Nacional y Guardia Civil; limitar o prohibir la entrada de determinados cruceros y solo permitir los de pequeña y media eslora, o limitar el número de llegadas; cobrar dos tasas a los cruceristas, al llegar en el puerto y por el acceso a la ciudad; revisar las tasas de heces y aguas de los cruceros y pisos turísticos; limitar los grupos turísticos de forma que cada guía tenga un límite de personas y luchar contra el intrusismo entre los guías; o prohibir o limitar los 'party boats'.
En la misma línea, también incrementar las inspecciones contra alquileres turísticos ilegales; limitar a un máximo los coches de alquiler que pueden entrar a Palma; prohibir el consumo de bebidas alcohólicas en la calle en todo el término municipal de Palma, excepto los espacios habilitados; crear más "aparcamientos disuasivos" y mejorar las frecuencias del transporte público, especialmente hacia el centro de la ciudad; y crear una tasa especial de residuos en los establecimientos de productos para llevar del centro de la ciudad, como heladerías, cafeterías o pastelerías.
Por otra parte, con respecto a las competencias municipales que sí que podría aprobar el consistorio de Palma, prohibir que se amplíe el parque de alquiler turístico en cualquier tipo de vivienda de ahora en adelante, más allá de los pisos vacacionales que ya existen; todos los establecimientos de producto para llevar tendrán que ser responsables de limpiar el espacio a su alrededor en un perímetro de 50 metros; en las zonas turísticas "maduras", que son Platja de Palma, Cala Major y Passeig Marítim, todos los establecimientos tendrán que mantener su exterior limpio; y, finalmente, modificar el plan general para que en las zonas turísticas "maduras" se limite los usos a todos los locales y restringir al máximo los establecimientos de pública concurrencia.
SOS de los habitantes de las Islas
Las propuestas del gobierno local de Palma llegan después de una manifestación masiva el pasado sábado contra el modelo turístico, en la que unos 10.000 ciudadanos quisieron expresar su rechazo al incremento del precio de la vivienda y la falta de lo mismo a causa de la proliferación de pisos turísticos y toda lleva de alquileres vacacionales, que expulsan de la isla a sus habitantes. Lo hicieron bajo el lema "Mallorca no se vende" y con pancartas y consignas que rezaban "Si nos niegan el techo, nos niegan el futuro. Derecho a una vivienda digna", "Demasiados turistas, demasiados coches, demasiados yates, SOS residentes" o "Mallorca no quiere crecer más". Además, la plataforma 'Menys turisme, més vida' propuso ayer martes colapsar el aeropuerto de Palma como acción-protesta contra el turismo masivo, en una medida que allí se ha comparado con las protestas de Tsunami Democràtic en Catalunya. La situación es tal que incluso la presidenta balear, Marga Prohens (PP), se ha mostrado a favor de "poner límites" y de un "cambio de rumbo" a las Islas.
Manifestación contra el turismo masivo en Palma el sábado pasado / EP