El juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona ha ordenado paralizar los trabajos previos para retirar el monumento franquista del río Ebre en Tortosa. Lo ha hecho a petición del colectivo Corembe, el grupo ciudadano que reclama reinterpretar el monolito y que había recurrido ante la misma instancia la licencia de obras municipal.

La entidad reclamó medidas cautelarísimas a raíz de las declaraciones de la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, anunciando un posible adelanto de las obras y la presencia de máquinas trabajando en la orilla del río este lunes. La jueza  hizo efectiva la paralización de forma inminente mientras no resuelve, durante los próximos días, las medidas cautelares pedidas en el momento de recurrir la licencia.

La presencia, el lunes, de un vehículo de la Generalitat y de una máquina moviendo tierra en la playa fluvial de Ferreries aprovechando el bajo caudal del río, puso en alerta el Corembe. Tres días antes, el viernes pasado, la consellera Ciuró había declarado públicamente la voluntad de su Departamento de avanzar el inicio de las actuaciones, que tenían que empezar alrededor del 18 de julio. En el momento de anunciarse esta fecha, la entidad ya había solicitado medidas cautelares, todavía pendientes de resolución.

Así las cosas, y asumiendo que la ejecución de las actuaciones se podría volver irreversible en caso de que una sentencia judicial les diera finalmente la razón, Corembe decidió volver a trasladar al juez la necesidad de aplicar nuevas medidas, en este caso cautelarísimas. Es decir, detener cualquier actuación hasta que no acabe de decidir sobre las medidas cautelares solicitadas anteriormente, independientemente sobre el debate jurídico de fondo del recurso contra la licencia de obras municipal.

"Si empiezas obras, eso es ya irrecuperable. O si el juzgado es garantista, hasta que no haya una resolución definitiva, se para todo", interpreta el portavoz de la entidad Joan Otero. La resolución judicial fue adoptada y se empezó a notificar el mismo lunes. El Ayuntamiento de Tortosa la recibió el martes a primera hora.

Ahora, todas las partes disponen de un plazo de cinco días para presentar alegaciones. "El plazo será breve y veremos que se decide los próximos días", ha apuntado al portavoz, apelando a la "prudencia" y a la necesidad de actuar "partido a partido" a la espera de las próximas resoluciones judiciales.

Desde un punto de vista más político, el Corembe ha deplorado la actuación del Govern, a quién reprocha haber avanzado el inicio de las obras por motivaciones políticas y mediáticas. "Es un tema que toca la fibra, que da mucho jugo y, posiblemente, han ido más al ruido que a los hechos en sí. Estas cosas se tienen que hacer con prudencia, bien y no por un tema político. Recordemos que hay una consulta popular del 2016 en Tortosa –en la cual participó menos de un 30% del censo convocado, ganando la opción de la reinterpretación con dos terceras partes de los votos- que es lo que es. Es el que a nosotros nos sabe mal", ha remachado Otero.

Ciuró mantiene la fecha

Por su parte, la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, cree que la paralización judicial mientras no se resuelvan las cautelares tampoco alterará los planes de su Departamento. "Quiero pensar que de aquí al 18 de julio se puede desencallar y que por parte de la jueza no habrá duda en dar luz verde para sacarlo porque es un monumento fascista que honra una parte, los que ganaron la guerra, y de acuerdo con lo que se había dicho se tendría que retirar del Ebre," ha asegurado Ciuró en declaraciones a Ser Catalunya.

Al margen del recurso contra la licencia de obras, el Corembe también ha recorrido judicialmente la licitación y adjudicación de las actuaciones de retirada a cargo de la empresa pública CIRE (Centro de Iniciativas para la Reinserción). Según argumentan, la sociedad no tiene entre sus funciones concurrir en este proyecto, sobre el papel, destinando personas reclusas a trabajar en las tareas de retirada.

 

Foto principal: El monumento franquista de Tortosa / ACN