Las contenciones mecánicas, la supresión de la movilidad de una persona, son una realidad en las cárceles catalanas que hace tiempo que están bajo la lupa de las entidades de derechos humanos. El Departament de Justicia teóricamente también lo supervisa y quiere tender a una política de contenciones cero. Pero, a la hora de la práctica, estas entidades denuncian cómo se siguen produciendo, sin que haya ningún tipo de freno. También lo ven así la CUP y los comunes, que este jueves han sometido a debate en comisión en el Parlament la creación de un grupo de trabajo para abordarlo en profundidad. Sólo ERC se ha sumado y la iniciativa ha chocado contra el muro del PSC, Junts per Catalunya, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox.

La propuesta de resolución de la CUP y los comunes sólo buscaba crear "un grupo de trabajo sobre la aplicación de los medios de contención mecánica en los centros penitenciarios" de Catalunya. En este sentido, la diputada cupera Montse Vinyets ha recordado como, a pesar de las circulares del Departament de Justicia, se siguen produciendo: 352 contenciones entre mayo y diciembre del 2021. Vinyets ha denunciado que es una técnica con "afectaciones a la integridad física y moral" y que incluso puede ocasionar la muerte. Por eso ha defendido que tiene que ser objeto de un "escrutinio exhaustivo y muy riguroso". En la misma línea, Jordi Jordan, de los comunes, ha sostenido que hace falta un "proceso de participación real" para poder ç2evaluar si esta circular es lo que necesita nuestro sistema penitenciario". Pero sólo han conseguido el apoyo de ERC, insuficiente para tirarlo adelante.

El grupo de trabajo ha sido tumbado con seis votos a favor y diez en contra, los del PSC, Junts per Catalunya, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox. Rubén Viñuales Elías (PSC) ha defendido la necesidad de las contenciones y ha negado que en las prisiones catalanes se vulneren derechos fundamentales, más allá de algún "episodio" que se persigue y sanciona. Joaquim Jubert (Junts) ha defendido que ya se toman las medidas necesarias con un "protocolo claro y conciso que da seguridad". Matías Alonso (Ciudadanos) ha agradecido el trabajo diario de los funcionarios de prisiones, "siempre en el marco democrático, a menudo en condiciones de precariedad" y ha cargado contra una supuesta "criminalización del colectivo". Y el diputado Sergio Macián, de la extrema derecha de Vox, se ha enfrentado con los representantes de las entidades de derechos humanos.

De hecho, los asistentes entre el público han interrumpido alguna intervención con quejas. El presidente de la comisión de Justicia, el republicano Jordi Orobitg, les ha tenido que pedir que no interrumpan a los diputados en dos ocasiones. Ha advertido que, si no dejaban de hacerlo, tendría que desalojarlos. Finalmente no ha sido necesario llegar a este extremo