El año previo a obtener la libertad definitiva es un factor de riesgo para suicidarse. Así lo afirma un estudio que de forma exhaustiva ha examinado las 54 muertes por suicidio ocurridas desde enero 2018 a junio del 2023 en los centros penitenciarios de Catalunya. En este estudio, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, se detalla que de las 54 personas (5 mujeres y 49 hombres. Aunque 7 personas se identificaron con el género femenino), 52 suicidios se produjeron en el interior de una prisión y 2, de permiso. De los datos se extrae un perfil de los muertos: un hombre, de unos 38 años, sin hijos, impulsivo y con traumas, que se quita la vida durante el primer año encerrado a la prisión (un 25% de casos) o, en el otro extremo, durante el último año que tiene que salir en libertad (un 25%). Las autoras del estudio, Projecte ANAIS: Análisis de incidentes de suicidios, radiografían situaciones dolorosas, a pesar de que necesarias para hacer frente a esta lacra social.
Por ejemplo, se informa de que la mitad de las personas se había autolesionado previamente; gran parte se suicidan cuando están solas en las celdas, la mayoría por colgamiento, sin notas de despido, o cuando están en los departamentos de aislamiento (17 personas). Por eso, una de las propuestas es crear equipos multidisciplinares dentro de cada prisión centrados en la prevención del suicidio, para mejorar la comunicación y las alertas que se detectan. Además, proponen: hacer seguimientos de 12 meses en los casos de tentativas o de riesgos altos; favorecer comunicaciones familiares, prevenir el efecto llamada del suicidio con espacios abiertos de luto, y formación a los profesionales para detectar señales de riesgo.
Formación y nuevas guías
Precisamente el estudio se ha presentado en unas jornadas en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (CEJFE), que ha inaugurado el conseller Ramon Espadaler, este viernes, además de nuevas guías de formación. Los suicidios en las prisiones catalanas ha vuelto a crear alarma porque este año se han disparado los casos, y ya son 10 las personas que se han quitado la vida en los centros penitenciarios. A raíz del último caso, el conseller activó una comisión de expertos para analizar la situación. Ya se trabajaba en el tema. El gobierno anterior, de ERC, aumentó la plantilla en las prisiones para evitar agresiones y suicidios, que se incrementaron después de la pandemia.
Además, el año 2020, con 11 suicidios en las prisiones, los departamentos de Justicia y Salud pusieron en marcha los protocolos de prevención de suicidios en las prisiones, donde la persona se pone bajo vigilancia, además de programas de tratamiento en grupo, como N'Viu. Actualmente, está en vigor la Instrucción 2/2021, por la cual se hace difusión dentro del ámbito de ejecución penal del programa marco de prevención de suicidios en los centros penitenciarios. Sin embargo, el año 2022 se llegó a la cifra más alta: 14 suicidios en las prisiones catalanas. Las autoras manifiestan que: "El riesgo de suicidio se puede prevenir, pero no se puede predecir quién morirá por suicidio."
Suicidios en aislamiento
En la investigación se explica que "la conducta suicida es un fenómeno complejo y multifactorial". Es decir, no hay una sola causa que sea capaz de explicar una conducta suicida por sí sola, ya que hay múltiples factores que contribuyen: la edad; el sexo; tener un trastorno mental (y de abuso de sustancias); haber efectuado intentos de suicidio previos; la enfermedad física y el dolor; la sensación de soledad; las situaciones de discriminación, trauma y abuso; las relaciones interpersonales conflictivas o la pérdida de estas y, por último, la pérdida económica o de trabajo.
En el informe se analizan todas estas variables. De las 54 muertes, la persona más joven que se suicidó en un centro penitenciario catalán tenía 18 años y la mayor, 75. La media no había cumplido los 38 años, según el estudio. La mayoría de personas (39) eran de nacionalidad española, y el resto, extranjeras, de las cuales 12 no tenían la regularización de documentos.
Se destaca que uno de los rasgos más relevantes identificados en los individuos fue la impulsividad (presente en el 72% de los casos), seguido de la presencia de traumas (66,7%) y la falta de habilidades para la resolución de problemas (63%). No se identificó ningún diagnóstico de trastorno de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico, disocial ni narcisista.
Otro de los datos destacados es que en 17 casos la persona se suicidó en celdas aisladas, del Departamento de Régimen Cerrado (DERT), donde se ingresan a las personas que han agredido a compañeros o funcionarios o están en un estado alterado. Con respecto al DERT, se añade que en 34 casos habían pasado por este régimen aislado, y de estos, 27 fueron seis meses antes de matarse.
Incluso se detalla que 24 de estas personas fueron inmovilizadas, y en 8 casos se produjeron solo durante los 10 días previos al suicidio. Las entidades de derechos humanos catalanas han pedido a Justicia, que reduzca las contenciones a las prisiones, como recomiendan instituciones internacionales, así como flexibilizar los aislamientos de las personas, y que hagan actividades. El estudio corrobora que el castigo y el aislamiento puede ser un factor de riesgo del suicidio.
Mejorar la comunicación entre centros
En el estudio, las autoras -Tura Benítez Comas, Saray Valdivieso Muñoz, Judit Pons Baños, Natàlia de Argila Esteban y Ana Martínez Catena- admiten que la muestra analizada es pequeña, aunque sis resultados coinciden con las tendencias de investigaciones a nivel estatal e internacional. Confiesan que no han podido atender las circunstancias de las mujeres o las personas trans. Pero su análisis es milimétrico: hace una radiografía de los últimos seis meses de estas personas, de si tuvieron incidentes en la prisión, traslado de centro, alguna discusión familiar o un hecho personal, como ahora perder la custodia de un hijo para analizar situaciones de riesgo.
También se precisa que en los días previos a la muerte por suicidio, no se detectaron cambios o señales de riesgo en la mitad de los casos (24 casos). No obstante, en 9 casos se identificaron cambios en los individuos que implicaron la activación del protocolo de prevención de suicidios o medidas preventivas de protección, pero que no fueron suficientes o se desactivaron (en 4 casos estaban activos).
Las autoras no esconden que es difícil comprender las activaciones y desactivaciones del protocolo y cambios de nivel del recluso. Por ello, proponen mejorar el aplicativo informático y homologar procedimientos entre centros para no perder información.
Las investigadoras también destacan que profesionales del Instituto de Medicina Legal i Forense (IMLC) de Catalunya han contribuido y ha aportado variables muy relevantes para analizar, como antecedentes médicos, el estado de salud mental, antecedentes de suicidio o intentos previos que podrían influir en la decisión de suicidarse.
El suicidio es un problema de salud pública, según la OMS, y afecta a unas 700.000 personas cada año. En Catalunya, en el año 2020 la tasa de suicidios fue de 7,06 por cada 100.000 habitantes en la población general, mientras que en las prisiones catalanas fue de 83,2 por 100.000 internos.
En la foto principal, una funcionaria cierra un acceso de la prisión de mujeres Wad-Ras, de Barcelona. / Foto: Montse Giralt