Reclamo urgente. "Constatamos con enorme preocupación el incremento progresivo de vacantes judiciales en Catalunya, que reclama con urgencia la aprobación de un complemento retributivo, ya reconocido en otros territorios, que incentive los destinos judiciales en esta comunidad". Es una de las once conclusiones de los presidentes y presidentas de los 17 Tribunales Superiores de Justicia del Estado español, que han incluido en la clausura de la XVII edición de sus jornadas anuales, comunicadas hoy.

Este reclamo ya fue solicitado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), en el 2018 y lo asoció a la tensión vivida por el procés independentista, hecho que provocó un rechazo inicial. La falta de jueces en Catalunya -que ha sido histórica por falta de vocación opositora, un nivel de vida más caro, por un elevado número de litigios, y otros factores – ha aumentado mucho y el año pasado todas las asociaciones judiciales, incluida Ágora Judicial, estuvieron de acuerdo con el TSJC en pedir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se solicitara este complemento, como ya tienen en el País Vasco y Navarra, Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla. La ministra de Justicia, Pilar Llop, dijo que lo estudiaría, pero todavía no ha respondido nada.

 

Peticiones

La falta de jueces (también de fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que dependen de cuerpos estatales) se refleja la petición que ha hecho la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC): Pide 30 nuevos juzgados y 11 plazas de magistrados para este año. Y las comisiones de servicios para cubrir refuerzos en juzgados y tribunales son constantes, aunque sin Jueces de Adscripción Territorial (JAT), estas son cubiertas por magistrados que combinan dos juzgados al mismo tiempo. El año pasado, de los 188 nuevos jueces que concluyeron su formación en la Escuela Judicial, 74 tenían que cubrir plazas vacantes en Catalunya. Y seguramente, este verano pasará lo mismo cuando los nuevos jueces acaben su formación en la escuela judicial, situada en Collserola. Los presidentes de los TSJ también reclaman un aumento de jueces y magistrados en todo el Estado español a niveles como tienen en Europa.

Renovación del CGPJ

En las conclusiones, los presidentes de los TSJ afirman que la renovación del CGPJ "al cumplirse el periodo de su elección es un mandato constitucional que no puede quedar al albur de la conveniencia de las fuerzas políticas" y aseguran que "resulta incomprensible en un estado de derecho el flagrante incumplimiento de tales mandatos". El diciembre pasado se cumplió tres años que el CGPJ tiene el mandato caducado, así como cargos, como el del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al cual fue escogido el magistrado Jesús Maria Barrientos. Y ante la ley del 2021 que prohíbe nombramientos, los presidentes del TSJ  piden al Gobierno "una reforma del modelo de elección de los vocales de procedencia judicial del CGPJ de acuerdo con los estándares de la Unión Europea". El PP y el PSOE mantienen el bloqueo en la renovación de cargos.

Juzgados comarcales

Con respecto al funcionamiento judicial, los presidentes de los altos tribunales territoriales reclaman "la necesidad de crear órganos judiciales colegiados" en la primera instancia, dentro de cada orden jurisdiccional y especialización. Precisan que "el actual modelo de funcionamiento, basado en juzgados independientes, resulta totalmente ineficiente, disfuncional y alejado de modelos de gestión modernos". En este sentido, también consideran "imprescindible" realizar la "comarcalitzación de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, que abrace diferentes partidos judiciales, similares y  próximos, para dar una respuesta más especializada, coordinada y con mejores recursos a la víctima de estos delitos". En Catalunya, se hizo una propuesta hace un par de años y el Consell Català de la Advocacia lo rehusó porque obligaba a las víctimas a hacer mayores desplazamientos.

En la jornada, celebrada en Vigo, también se ha acordado que "en solidaridad con La Palma" se propone al CGPJ celebrar en la isla la reunión del próximo año.