La Fiscalía ha pedido dos años de prisión y 900 euros de multa para ocho activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que el 2 de marzo 2017 ocuparon la sucursal del BBVA del barrio barcelonés de Sant Andreu durante una protesta en el 2017 para intentar paralizar dos expedientes de desahucio. Además, lanzaron y repartiendo octavillas.

De acuerdo con el ministerio público, los acusados entraron "llamando los empleados y clientes, lanzando papeles y empapelando los cristales de la oficina". Después de eso se dirigieron al director de la sucursal y, "con intención que paralizara varios expedientes hipotecarios, le comunicaron que se negarían a abandonar la oficina". Además, bloquearon las puertas para impedir el cierre y acabaron haciendo noche en la sucursal hasta que la policía los expulsó hacia las 14.30 horas del día siguiente, de manera que el director de la entidad "se vio obligado a paralizar la actividad normal de la oficina".

Desde la PAH se reclama que los activistas no sean condenados ni con prisión ni multa por estos hechos.

Delito de violación del establecimiento

Por estos hechos, que han llegado este lunes ante el Juzgado de lo Penal número 25 de Barcelona, la fiscalía los imputa un supuesto delito de violación de establecimiento abierto al público y otro leve de daños a la vez que les exige que indemnicen al banco con 172,27 euros, según ha detallado EFE. 

En el juicio, celebrado este lunes, han comparecido los ocho activistas imputados y también han prestado declaración dos agentes de los Mossos d'Esquadra, el director de la oficina bancaria y la agente de seguridad que estaba presente el día de la acción, así como otros testimonios.

Una de las activistas acusadas ha explicado durante la audiencia que de los ocho imputados únicamente cinco eran activistas por el derecho a la vivienda: uno había entrado para comer, dado que se organizó un "desayuno popular", otra era cliente del banco y una tercera era amiga de los activistas que había pasado a saludar.

Acción pacífica y festiva

Por su parte, la PAH ha defendido durante el juicio que la acción fue "pacífica y festiva" y que el local siguió abierto, la gente pudo entrar y salir en todo momento, los cajeros siguieron funcionando y no se produjo ningún daño ni a la oficina ni a los trabajadores. Por eso consideran que el proceso judicial y la acusación son "totalmente desproporcionadas e injustas", sobre todo después de que el BBVA, que inicialmente denunció a la organización, se retirara como acusación.

De acuerdo con la PAH, la protesta consistió en repartir octavillas, poner música en la calle, reunirse con los responsables del banco y "presionar públicamente" a la entidad "para que diera una solución para los casos", de manera que acusan la Fiscalía de querer "meter miedo al cuerpo" y buscar "silenciar" el movimiento social.