En el 2018, el Sindicat de Llogateres organizó una concentración en el Institut de Bellesa Francis para protestar contra el "acoso inmobiliario" que sufría una pareja de miembros del sindicato, Alpha y Fran. Los propietarios de este centro y del bloque de pisos donde vivían, cerca de la plaza de Urquinaona, no les habían renovado el contrato de alquiler y los amenazaban con echarlos. Ahora, la Fiscalía pide nueve años de prisión para los afectados y también para el portavoz del Sindicato Jaime Palomera, tres para cada uno. El lunes se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito de coacciones y de violación del domicilio durante la manifestación.

Condiciones de insalubridad

En una rueda de prensa celebrada hoy para explicar su situación,  Alpha y Fran, han querido asegurar que siempre pagaron el alquiler mientras vivieron en el piso, y también han denunciado las malas condiciones en qué se encontraba desde que empezaron a vivir allí en 2010: "Hemos bebido agua con plomo, hemos tenido encañonadas de amianto roturas, plagas de termites, y ahora nos enfrentamos a esta querella". Cuando la pareja reclamó al propietario que resolviera los problemas de la vivienda, este decidió no renovarles el contrato de alquiler.

Los afectados han asegurado que se intentó negociar, pero ante la "falta de respuesta", el sindicato decidió convocar una "protesta pacífica" delante del Institut de Bellesa Francis, propiedad de la misma familia, que tiene unas 100 propiedades en la ciudad. Los afectados y seis familias del mismo bloque interpusieron dos denuncias por acoso inmobiliario y Alpha y Fran, a título individual, presentaron una demanda por daños y perjuicios, cuyo juicio se celebrará en otoño.

Una protesta pacífica

Palomera, portavoz del Sindicat de Llogateres a quienes la fiscalía pide tres años de prisión, ha insistido en que la protesta fue "pacífica", y que este es "un nuevo intento de criminalizar el derecho fundamental a la protesta y detener la lucha por una vivienda digna". La abogada de la defensa, Anaïs Franquesa, también ha insistido en que el de Alpha y Fran es un "caso claro de criminalización de la protesta" ante una manifestación puramente "festiva".

Franquesa también ha denunciado que la jueza instructora no haya admitido gran parte de las pruebas presentadas por la defensa, entre las cuales se incluyen testimonios de periodistas y políticos presentes en la protesta. El lunes 28, el día del juicio las volverán a presentar, y espera que esta vez sean aceptadas. El Sindicat ya ha anunciado que organizará una concentración delante de la Ciutat de la Justicia, para "defender el derecho a la vivienda y a la protesta".

En referencia a la interposición, por parte del Gobierno, de un recurso contra la ley catalana de alquileres, Palomera ha sostenido que el Estado "no tiene que poner bastones en las ruedas a una ley que estaba funcionando" y ha añadido que el ejecutivo tendría que extenderla "para permitir que millones de familias por todo el Estado se puedan beneficiar".