Poner pulseras GPS para vigilar personas acusadas de un delito no grave hasta la llegada del juicio, en lugar de la prisión preventiva. Es una de las medidas pioneras en el Estado español que el Departament de Justicia —que tiene las competencias de ejecución penal delegadas; este 2024 hará 40 años— ha propuesto que apliquen a los jueces de Catalunya con el fin de reducir el número de personas en prisión preventiva (la mayoría se acuerda para evitar el riesgo de fuga) y garantizar sus derechos. Ahora se pondrá en marcha un plan piloto en algunos juzgados de instrucción para ver su funcionamiento.
Estas pulseras —con una tecnología mejorada y controlada por GPS— se usan actualmente en el Estado español —si la persona lo acepta— para cumplir el final de una condena en casa o en la libertad vigilada, en los casos de violencia de género. La pulsera se pone en el tobillo y hay un teléfono al cual la persona tiene que contestar o si no, se activa su búsqueda. Incluso, un juez puede determinar que se active la alerta en un radio determinado, como, por ejemplo, poco antes de pasar Jonquera. Se sostiene que países como Francia, Portugal o Bélgica hace años que usan la pulsera telemática como sustituta de la prisión preventiva.
Medidas del siglo XXI
La pulsera GPS es una de las 15 medidas incluidas en la llamada Estrategia Nacional de Obertalitat Penitenciària, que ha presentado la consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, este viernes en una jornada en el Palau Robert. "Son medidas para avanzar en la cohesión social y la seguridad ciudadana", ha declarado Ubasart.
En el acto, la consellera ha comparecido acompañada por el secretario de Mesures Penals, Reinserció y Atenció a la Víctima, Amand Calderó, y del abogado Josep Maria Torrent, coordinador de la estrategia, con la cual se ha buscado la implicación de otros departamentos, como el de Salud, así como del Consejo de la Abogacía Catalana, entidades de derechos humanos y del tercer sector y sobre todo de la "cooperación" de fiscales y de magistrados, que son los responsables de pedir y aplicar, respectivamente, estas medidas. "Se trata de poner las medidas cautelares del siglo XIX en el siglo XXI", ha afirmado Torrent.
Un 43% pendiente de juicio y penas menores
El plan se engloba en tres bloques con acciones que se quieren iniciar a partir de este año y el objetivo —se indica— es mejorar la seguridad ciudadana con medidas de prevención ante el punitivismo populista. Justicia sostiene que los estudios demuestran que más años de prisión no significa más seguridad y reducir la reincidencia penitenciaria. De las 8.030 personas que hay actualmente en las prisiones catalanas, unas 1.663 (un 21%) están en prisión preventiva o pendientes de juicio, además hay otras 1.725 personas que cumplen penas de menos de dos años en prisión. Los dos colectivos suman un total de 42% de personas privadas de libertad que podrían tener otras medidas menos onerosas que la prisión, que las saca de su entorno.
Con estas medidas, Justicia también se marca el reto de volver a los datos de 2019, cuando había el 25% de personas clasificadas en tercer grado o libertad condicional, mientras que actualmente y por los efectos de la pandemia se ha elevado hasta el 32%. Actualmente, el 74% de reclusos está en segundo grado, mientras que 162 personas están en régimen cerrado por su peligrosidad y no adaptación, muchas veces por arrastrar y dispararse problemas de salud mental y consumo extremo de tóxicos.
Un recluso cuesta 192 euros al día
Además de buscar la no reincidencia de las personas que delinquen, el Departament de Justicia también hace números y asegura que actualmente una persona en la prisión cuesta unos 192 euros al día a la administración catalana. Y, si las prisiones preventivas duran de media 170 días, la factura para cada persona en prisión preventiva se eleva a 32.640 euros.
Así, el primer bloque de medidas se engloba en tres acciones para reforzar las entidades del tercer sector que trabajan en ayudar a las personas que salen de la prisión y necesitan seguir un tratamiento o que necesitan un domicilio con el fin de poder hacer las primeras salidas o progresar de grado penitenciario. Para alcanzarlo, se indica que se habilitarán un total de 52 plazas en unidades dependientes y se pasará a tener un total de 361. Y también de 91 a 101 plazas de recursos residenciales.
También se pretende impulsar la justicia restaurativa dentro de la prisión para que los reclusos puedan participar en reparar a la víctima y avanzar en el cumplimiento de la condena. La magistrada Carme Guil, que ha sido uno de los jueces colaboradores en este plan de Justicia, es una de las promotoras de la justicia restaurativa y ofrece este proceso antes del juicio en la Audiencia de Barcelona.
Romper tópicos de los extranjeros
Y la tercera acción es impulsar la obtención de documentación de las personas extranjeras. Se da el caso de que hay una decena de personas en las prisiones catalanas que no están identificadas, no se sabe cómo se llaman, ni las embajadas los pueden identificar. Su documentación permitirá que puedan pasar de grado y acceder a permisos, ya que hasta ahora, si no tenían papeles, un domicilio o contrato de trabajo (requisito que no se exige a un español), las prisiones no les permitían evolucionar de grado.
En este sentido, Josep Maria Torrent aclara que la ley orgánica penitenciaria (común en el Estado) ni ninguna norma catalana prohíbe que las personas extranjeras evolucionen de grado penitenciario si no tienen domicilio conocido o un permiso de trabajo. Los profesionales de las prisiones catalanas tendrán que cambiar los requisitos hasta ahora exigidos para conceder permisos, según este plan estratégico. El objetivo es que no se penalice a las personas que tienen menos recursos.
Desde el Departament de Justicia también se quiere romper tópicos bien actuales contra las personas extranjeras. Las personas extranjeras en las prisiones cometen delitos menos graves que los españoles, sostienen. No obstante, 2023 ha sido el primero que hay más personas extranjeras cerradas en las prisiones catalanas (50,3%) que españolas (49,7%).
El segundo gran bloque, con cuatro medidas, es reforzar el principio que la prisión sea la última ratio. En este caso, además del plan piloto para impulsar las pulseras telemáticas, también se arrancará un plan piloto para que técnicos penitenciarios (trabajadores sociales y psicólogos) asesoren a los jueces y juezas sobre cada persona acusada de un delito y su situación familiar, de dependencia de tóxicos y de salud mental. Se precisa que este asesoramiento ya existe, sin embargo, se reforzará con más personal, ya que el año pasado, por ejemplo, estos expertos hicieron unos 72 informes sobre acusados y suspensiones o no de prisión, ante los 1.132 informes sobre víctimas de violencia de género.
Una app para no ir al juzgado
Finalmente, otra medida innovadora y moderna es sustituir la medida cautelar de comparecencias personales en el juzgado, las llamadas apud acta, con una aplicación tecnológica que se podrá activar en el móvil de la persona y tendrá un control biométrico. Con la medida se quiere descongestionar los juzgados y dotarlos de herramientas eficientes; también para los ciudadanos.
Finalmente, en el tercer bloque se proponen medidas de reinserción dentro de los centros penitenciarios. Una medida es que la persona condenada pueda cumplir una medida penal alternativa (MPA) dentro de la prisión, y no cuando ya ha cumplido el castigo cerrado. O también evitar la multirreincidencia de los delitos vinculados con la seguridad vial y que se renueven el carné dentro de las prisiones.
Acuerdo con la Fiscalía
Otra medida que ya funciona, desde finales de año, es el acuerdo con la Fiscalía a fin de que informe al centro penitenciario si en 5 días tiene previsto presentar recurso contra las libertades condicionales y tercer grado para evitar al interno que tenga que volver al centro al cabo de pocas semanas de la salida. El Tribunal Supremo cambió la jurisprudencia vigente con el caso de los presos políticos, ya que, hasta entonces, las libertades condicionales que concedía la Generalitat no se suspendían hasta tener una resolución firme del juez de vigilancia penitenciaria, y no con el recurso de la Fiscalía, como ahora.