Acciones. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha anunciado hoy en el Parlament que su departamento aplicará un plan de choque para reducir la espera de los condenados para cumplir una medida penal alternativa (MPA) a la prisión, que actualmente es de ocho meses. Ha detallado que Justicia "invertirá un millón de euros en tres años para reducir el tiempo de ejecución hasta 60 días" y, así que los jueces "confíen en que son aplicables" y dicten más medidas penales alternativas. "La prisión tiene que ser la última ratio", ha afirmado Ciuró, que ha asegurado que "el cumplimiento de sanciones en libertad implica más rehabilitación y evita la reincidencia de la persona".
En Catalunya, en la actualidad hay 7.556 personas que cumplen una medida penal alternativa, según la estadística semanal del Departament de Justicia. La mayoría hacen trabajos en beneficio a la comunidad (5.530) por condenas menores, como delitos de tráfico. El resto son obligaciones (1.931 casos), como hacer tratamientos de deshabituación de tóxicos, y medidas de seguridad (452). El año pasado se dictaron cerca de 15.000 medidas penales alternativas, y durante todo el año se dio cumplimiento a unas 17.000 de diferentes ejercicios. Por ejemplo, unos 300 penados a MPA han realizado trabajos de información en centros sanitarios por la Covid-19.
La consellera Ciuró, en la intervención de hoy en el Parlament.
Medidas
La consellera ha indicado, que actualmente, hay más personas realizando MPA que en la prisión. Las personas que cumplen una condena cerrados en prisiones catalanas son 7.706, de las cuales 501 mujeres. Ciuró ha detallado que el plan incluirá: incrementar el número de delegados de ejecución de medidas, que son las personas que hacen el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las penas; aumentar el número de programas formativos para personas condenadas, y "buscar más complicidades con el mundo municipal y entidades del tercer sector" para tener más recursos para ofrecer trabajos en beneficio de la comunidad.
Centro de Zona Franca
Paralelamente a las MPA, el Departamento de Justicia está a la espera de la adjudicación de las obras de construcción del centro abierto de la Zona Franca de Barcelona, con una capacidad para 800 personas en régimen abierto, como el tercer grado o semilibertad, y que se quiere que entre en funcionamiento el año 2025. La licitación de la obra, con un coste de 36,6 millones de euros, se anunció el diciembre pasado, e Infraestructuras de la Generalitat tiene actualmente el anuncio "en evaluación". Lo que sí que se ha adjudicado es la asistencia técnica de control de calidad de las obras del nuevo centro penitenciario, concedido a la empresa Centro de Estudios de la Construcción y Análisis de Materiales (CECAM) por un importe de 253. 494, el abril pasado. En la actualidad, de las 7.706 personas condenadas a penas privativas de libertad, 1.495 lo hacen en régimen abierto.