Plataforma por la Lengua ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Estado español por la decisión de la justicia española de excluir a las entidades en defensa del catalán del proceso judicial que mantiene el 25% de castellano en las aulas, según ha informado a la entidad este miércoles. Se informa de que la demanda se ha presentado después de haber agotado todas las vías legales en el Estado español, dado que el Tribunal Constitucional (TC) también inadmitió el recurso de la ONG del catalán, el julio pasado. Para la entidad, el Estado español ha violado tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el que prohíbe discriminar (artículo 14) y los que establecen los derechos a un juicio equitativo (artículo 6.1) y a un recurso efectivo (art. 13). Recientemente, el Consejo de Europa ha cuestionado el 25% de castellano en los centros catalanes.

Con esta demanda, la entidad sigue la acción de Òmnium Cultural  que también anunció, recientemente, que ha denunciado esta discriminación   al tribunal con sede en Estrasburgo. El Tribunal Constitucional está analizando la constitucionalidad de la Ley y Decreto ley del catalán en la escuela,  que aprobó el Parlament y el Govern para blindarla contra el 25% de castellano impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en algunas escuelas, a petición de los padres. El órgano  de garantías ha excluido a las entidades defensoras del catalán como parte  en el procedimiento al asegurar que no han sido afectadas por el 25% de castellano.

Exclusión de las entidades catalanas

En concreto, el  Tribunal Constitucional (TC) decidió no admitir a trámite el recurso de Plataforma por la Lengua para que las entidades en defensa del catalán no quedaran excluidas del proceso judicial del 25 % de castellano a las aulas. Era un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo (TS) que confirmaba el que ya había comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): excluía del proceso judicial a todas las entidades que pretendían recorrer contra la interlocutoria que mantenía el 25% de castellano. La entidad recuerda que el mismo TSJC, aun así, sí que había admitido como partes interesadas dos entidades en defensa del castellano: Asamblea por una Escuela Bilingüe y Hablamos Español.

Además, el TSJC denunció la inconstitucionalidad de la nueva normativa catalana en las escuelas, hecho que implicaba que parara cualquier nueva resolución, como indica la jurisprudencia. No obstante, el TSJC ha ratificado el 25% de castellano en algunas escuelas, aduciendo que ya las había aprobado con anterioridad  y que no afecta a toda la comunidad educativa. Para el TSJC, la normativa no respeta el bilingüismo  que dicta la ley, también en Catalunya. El porcentaje de 25% de castellano impuesto por el TSJC, pero, no responde a ningún estudio científico ni real de la situación de la lengua propia en los centros educativos de Catalunya.

Para Plataforma por la Lengua," la decisión del TSJC era del todo irregular y la excusa que alegaba por no aceptar la entidad como parte interesada era particularmente ridícula, dado que lo justificaba porque el caso tenía que ver con la vehicularidad del castellano, y no con la del catalán, cuando es evidente que el uso de una lengua y de la otra son vasos comunicantes, tal como señalaban los mismos dos votos particulares  de magistrados del tribunal que hubo en el procedimiento".