La Plataforma per la Llengua ha presentado este martes un recurso contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que decidieron suspender cautelarmente el régimen lingüístico de la escuela catalana. La entidad considera que los magistrados se excedieron de sus funciones e hicieron declaraciones partidistas en la comisión de eurodiputados que el diciembre pasado se celebró en Barcelona para fiscalizar el modelo catalán. "Un juez no puede hacer un posicionamiento tan claro a favor de una de las dos partes", ha criticado el asesor jurídico de la entidad, Ramon Llena, señalando al juez Javier Aguayo. Además, la organización ha presentado un recurso de reposición para evitar la suspensión cautelar del decreto y un escrito de oposición contra el pleito de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

Con esta acción, la organización de defensa del catalán se suma a la iniciativa del Gobierno, que esta mañana ha informado de que ha presentado un recurso al auto del tribunal.

Consideran que la suspensión se anticipa a la sentencia

El portavoz jurídico de la entidad ha insistido en que la decisión de los jueces "no se puede justificar de ninguna manera" porque en un procedimiento contencioso-administrativo "está la presunción legal que las actuaciones de las administraciones son ajustadas al derecho, y eso solo se puede zafar o contrariar con un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión". En este sentido, Llena ha apuntado que la decisión del TSJC "no es propiamente una medida cautelar ni una valoración defensiva de derechos en riesgo, sino una anticipación de la decisión final con un juicio previo a las alegaciones y pruebas de las partes, que es del todo al margen del objetivo, la finalidad y las garantías de una medida cautelar".

La plataforma denuncia que "no hay fundamentos de riesgo"

En opinión de la organización, "no hay ningún fundamento de riesgo" para mantener vigente el decreto de suspensión porque los efectos del modelo lingüístico no son "irreparables". Es más, alertan de que permitir la cautelar atenta "de manera grave" contra el interés general e impide a los centros mejorar las herramientas y reforzar los procedimientos para conseguir un mayor equilibrio lingüístico.

Plataforma per la Llengua explica que de los cinco jueces que tenían que formar el tribunal —Javier Aguayo, María Luisa Pérez, Francisco José Sospedra, Andrés Maestre y Elsa Puig—, dos -Maestre y Puig— no son plantilla de la Sala del Contencioso Administrativo y, por lo tanto, la integración en el tribunal se tenía que comunicar en las partes, "cosa que no se hizo". Este procedimiento habría permitido valorar y presentar causas de abstención y recusación. "Tampoco se informa si se les asignó el caso de manera no arbitraria ni discrecional, las partes no pueden saberlo con seguridad", denuncia el portavoz.