Varios agentes de la Policía española se han personado este martes en la delegación balear de la agencia de noticias Europa Press y en la redacción del Diario de Mallorca para requisar documentación y equipos corporativos y personales en el marco de una investigación dentro del caso Cursach, con el objetivo de determinar el origen de una filtración periodística que avanzó en primicia Europa Press Baleares. Los agentes policiales han requerido a los periodistas información sobre las fuentes de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades del empresario del ocio nocturno Bartomeu Cursach, que se publicó aunque la pieza estaba declarada secreta.
Tres agentes y una secretaria judicial han presentado a la redacción la orden de registro y han exigido a la periodista que cubre información relacionada con el caso Cursach que entregara cualquier documentación sobre la macrocausa de la Policía Local.
La redactora se ha acogido a su derecho profesional a no revelar las fuentes y los agentes no le han permitido contactar con los servicios jurídicos de la empresa. Por este motivo, amparándose en el mandato judicial, los agentes se han llevado su teléfono móvil personal, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel con el objetivo de determinar el origen de la filtración.
Estamos esperando a la @Policia en la redacción de Diario de Mallorca. Los agentes se han marchado tras comunicarles que voluntariamente no se entregaría ningún material de la investigación del #CasoCursach pic.twitter.com/dxQK1OU06O
— Diario de Mallorca (@diariomallorca) 11 de diciembre de 2018
Según consta en el auto del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, se investiga un delito de descubrimiento de secretos, a instancias de los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert y el Ministerio Fiscal. Según han informado los funcionarios policiales, Europa Press no está siendo investigada. La agencia ha reiterado su compromiso con la libertad periodística y con la protección de las fuentes y lamenta este ataque al derecho a la información, derecho fundamental recogido en la Constitución.
En el caso del Diario de Mallorca, la policía ha requisado esta mañana el teléfono móvil del periodista que cubre la actualidad judicial en este medio. Por la tarde, algunos agentes también se han personado en la redacción, donde les ha recibido la dirección del diario con un abogado para comunicarles que no se entregaría ningún material voluntariamente. Ante esta situación, los agentes se han marchado y han dicho que volverían con una orden judicial.
El periodista de Diario de Mallorca, Kiko Mestre @Piomoa43, explica la intervención de su teléfono móvil por la @Policia en relación al Caso Cursach #LibertaddePrensa pic.twitter.com/r8HyN148vo
— Diario de Mallorca (@diariomallorca) 11 de diciembre de 2018
Quejas de los sindicatos de periodistas
La investigación de la filtración, solicitada al juez por la Fiscalía y los representantes legales Cursach y su exdirector general Bartolomé Sbert, se ha desarrollado durante los últimos meses. Los investigadores también requirieron información por orden judicial en su día a la Agencia EFE.
Tanto el Sindicato de Periodistas de las Islas Baleares como la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares se han pronunciado en redes sociales en contra de la intervención policial y de la orden dictada por el juzgado de instrucción número 12 porque entienden que supone una vulneración del derecho al secreto profesional amparado por la Constitución.
El SPIB exige que se garantice el derecho de los periodistas a no revelar sus fuentes como pilar básico de la libertad de prensa. Apoyamos a los compañeros a los que hoy se les ha requisado su material de trabajo por publicar un informe relacionado con una investigación judicial.
— SPIB (@SPIBviu) 11 de diciembre de 2018