El Cuerpo Nacional de Policía investiga posibles casos de fraude en el uso de datos para solicitar citas previas para tramitar permisos de extranjería en Barcelona, que después se revenden por importes que ascienden hasta los 200 euros.
Las indagaciones de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) empezaron después de que aparecieran personas en los medios de comunicación que aseguraban que la única forma que habían encontrado para acceder a una de estas citas, que se agotan enseguida cada vez que se publican, era pagar por ellas en el mercado negro.
La delegada de Gobierno central en Catalunya, Teresa Cunillera, ha explicado a Efe que, ante estos "rumores", la policía decidió tomar cartas en el asunto, aunque no hay denuncias formales al respecto.
Compra de citas previas
Testimonios recogidos por varios medios de comunicación en otoño aseguraban haber recurrido a la compra de estas citas previas en locutorios o en redes sociales porque les era imposible obtener una de ellas a través del canal reglamentario.
A veces, relataban, se los pedía sus datos y se les garantizaba una cita previa al cabo de unas semanas.
Cunillera admite que las oficinas de extranjería de la capital catalana se han visto "desbordadas" este año y lo atribuye a la confluencia de la crisis de la Covid-19 con la multiplicación del volumen de trabajo, dado que este año les toca renovar los papeles a los más de 500.000 inmigrantes que regularizaron su situación en el 2005 gracias al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Volúmenes importantes
"Estamos hablando de volúmenes muy importantes", ha subrayado a la delegada socialista, que ha destacado que al inicio de la pandemia se prorrogaron los NIE durante seis meses por dar más margen a las personas cuyos permisos caducaban.
La delegada ha destacado que para absorber todas estas peticiones se han incorporado 90 efectivos a las oficinas barcelonesas y se han ampliado los horarios de atención: si en octubre del 2019 se expedían 756 citas diarias, este año se emitieron 1.087.
Asimismo, para prevenir posibles fraudes en la solicitud de citas previas, se limitaron a tres las peticiones que se podían hacer al mismo tiempo desde una misma IP.
No obstante, la Ucrif sospecha que algunas personas podrían estar sorteando esta limitación a través de terminales pirateados y vulnerando la ley de protección de datos, un delito que supone altas multas económicas.
"Se va a ser contundente contra cualquiera que se aproveche de la ciudadanía y vulnere la protección de datos", subraya Cunillera, que confía en que la investigación policial dará frutos a corto plazo.