Los jueces de paz de Catalunya están en peligro. Una nueva ley del estado español prevé eliminarlos y sustituirlos por oficinas de funcionarios. En España casi no hay, pero en Catalunya es una figura muy arraigada que data de 1855. En nuestro país, 898 de los 947 municipios tienen uno y se trata de unos agentes clave en nuestro sistema judicial. Es por eso que tanto la Generalitat como varias asociaciones judiciales ya han advertido que no permitirán que España elimine esta figura y han anunciado que crearán mecanismos para blindarlos.
Los jueces de paz son personas que no pertenecen a la carrera judicial, a diferencia del resto de los órganos judiciales existentes, y que asumen competencias de menos importancia tanto en la orden civil como en el penal. En concreto, trabajan en el registro civil gestionando nacimientos, muertes o bodas, resuelven conflictos pequeños, se encargan de las comunicaciones judiciales, hacen servicios de mediación para intentar que los casos no lleguen a juicio y resuelven conflictos no superiores a los 90 euros. Su figura es muy importante a nuestro sistema porque ofrecen un servicio en materia de cooperación judicial, ya que facilitan la comunicación de los otros órganos judiciales con los ciudadanos residentes en los municipios. Estos jueces liberan los juzgados de trámites básicos y de poco recorrido, que se pueden solucionar desde el mismo municipio. Y, además, se trata de personas voluntarias que tan sólo reciben una pequeña retribución simbólica y que, mayoritariamente, son jubilados.
Ahora, el Estado quiere digitalizar casi todos estos trámites y, en consecuencia, eliminar esta figura. El proyecto de ley prevé sustituir los juzgados de paz por oficinas de justicia gestionadas por funcionarios en cada municipio que tendrían una cartera de servicios más amplia. Sin embargo, para la Asociación Catalana en Pro de la Justicia, una entidad que reúne a más de 600 jueces de paz, la nueva ley "perjudica y discrimina una parte de los ciudadanos que no dominan las herramientas informáticas o no tienen acceso". En este sentido, dudan que las nuevas oficinas de mediación, den las herramientas y los recursos necesarios para hacer frente a los gastos que implicarán sus creaciones sobre todo en municipios pequeños.
¿Qué hará a la Generalitat con los jueces de paz en Catalunya?
Ante esta amenaza, la Generalitat ya se ha puesto a trabajar para blindar a los jueces de paz de nuestro país. La consellera de Justicia de Catalunya, Lourdes Ciuró, ya ha anunciado que promoverá una enmienda al proyecto de ley estatal. "Dan servicio a muchos municipios que no tienen juzgado, sobre todo los pequeños municipios, arreglan trámites, hacen actos de conciliación, de mediación, al Registro Civil, y, por lo tanto, ayudan a descongestionar la justicia y dan soluciones a problemas diarios de los vecinos. Además de ahorrar recursos, ayudan a la convivencia. Si la ley estatal busca eficiencia, agilidad y proximidad, desmantelando la figura del juez de paz, obtiene exactamente el contrario", ha asegurado la consellera.
De hecho, ya ha pedido un informe a los servicios jurídicos para evaluar si esta ley es anticonstitucional. Por otra parte, también se pedirá a los municipios que presenten mociones individuales para evitar que se elimine su figura.