El derecho al aborto quirúrgico todavía no está garantizado "con equidad territorial" en Catalunya. Así lo admitía hace poco el mismo conseller de Salud, Josep Maria Argimon, en el Parlamento y es que, en pleno 2021, según en la zona donde vivamos, las mujeres nos podemos encontrar sin un hospital público donde hacerlo. Eso pasa porque los profesionales de algunos hospitales se declaran objetores de conciencia y algunos lo hacen porque el patronato del centro está compuesto por formaciones religiosas, que ejercen como lobby de presión.

Argimon ha reconocido en más de una ocasión que la objeción de conciencia de los profesionales para interrumpir el embarazo es "muy elevada" y que hay un 42% que la practican.

Algunos casos

Un ejemplo es el caso Lleida. En el Hospital Arnau de Vilanova todos son objetores y eso hace que las mujeres no tengan la opción de interrumpir su embarazo cerca de casa. A pesar de las promesas de la conselleria de Salud, que afirmaba que antes del verano se ofrecería el servicio d'IVE's instrumentales en una clínica privada de Lleida ciudad, realmente, hoy día, según informan fuentes próximas, este servicio no se hace efectivo al conjunto de la demarcación.

Pero eso no sólo pasa en Lleida. Algunos hospitales públicos de las Terres de l'Ebre todavía no ofrecen el servicio. La Asamblea Vaga Feminista de las Terres de l'Ebre puso en marcha el pasado mayo la campaña En las Terres de l'Ebre, el aborto en la sanidad pública para reclamar que los hospitales públicos del territorio practiquen la interrupción quirúrgica del embarazo con carácter voluntario. Actualmente, las mujeres que quieren abortar con este método son derivadas en centros de salud privados de Tarragona y Barcelona. Alternativamente, sólo pueden acogerse a la interrupción farmacológica durante las nueve primeras semanas de gestación. El colectivo denuncia la estigmatización de las mujeres que quieren ejercer este derecho y los obstáculos que suponen el desequilibrio territorial, los médicos objetores de conciencia y la privatización del sistema de salud.

ACN

El aborto, en el Parlament

De hecho, este verano el Parlament instó al Govern a garantizar la realización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a los hospitales de referencia de cada región sanitaria con el objetivo que las IVE's se asuman desde la sanidad pública y no sean derivadas en centros privados y concertados en todos los territorios. La moción, presentada por la CUP, se aprobó mayoritariamente por todos los grupos del Parlament a excepción de Vox y del PPC. El objetivo, era reclamar al ejecutivo catalán un reglamento que incluya el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo e impedir que se produzcan objeciones institucionales en la práctica del IVE.

Unsplash

En este sentido, el Parlament también pedía garantizar en todo el territorio la opción de elección del método farmacológico o instrumental de forma igualitaria y que la información por la elección sea basada en la evidencia, el confort y la elección de la mujer, exclusivamente; así como combatir los acosos por parte de grupos fundamentalistas contra mujeres y profesionales que acceden a los centros que practican abortos.

En Catalunya, la ley dice que se tiene que garantizar el aborto a través del método farmacológico (posible hasta las nueve semanas de gestación) y quirúrgico (hasta las 14) en todo el territorio. Salud, en algunos casos, cuando no hay hospitales públicos, pone parches y externaliza este servicio a clínicas privadas, pero admiten que "no es la solución que querrían". El sistema tiene rendijas, pero es nuestro derecho abortar voluntariamente a la sanidad pública vivamos donde vivamos.