Lunes que viene empieza en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Pretoria que sentará en el banquillo de los acusados al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz y los ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Con ellos, el cabecilla de la trama, un desconocido hasta que saltó el caso, Luis García Luigi, y varios cargos políticos, funcionarios y empresarios. El año 2009, cuando Catalunya todavía no se había repuesto de la operación del caso Palau, el juez Baltasar Garzón irrumpía con esta nueva operación de comisiones en tres ayuntamientos para conseguir obra pública y servicios, como el de la limpieza. Hay 11 acusados de los delitos de tráfico de influencias, soborno y blanqueo de capitales y 8 responsables civiles
El caso estalló sólo 3 meses después del del expoli del Palau de la Música y cuando sólo hacía un mes que Millet y Montull habían confesado el fraude. Cosa que provocó una nueva sacudida.
El Ayuntamiento de Santa Coloma, el de Badalona y el de Llavaneres están en el centro de un entramado en el que Alavedra y Prenafeta hicieron de conseguidores "desplegando una actividad agotadora", según decía el mismo Garzón en uno de los autos del sumario.
Alavedra, consciente de la envergadura del juicio, de los casi 7 años de prisión que le piden y más de 10 millones de euros de multa, dice a El Nacional: "Considere que estoy como muerto". Las únicas declaraciones que cede a hacer serán en las puertas del juicio en la Audiencia Nacional.
Prenafeta ya dijo en el título de su libro sobre el caso, La pesadilla, cómo había vivido la investigación, aunque en aquel momento creía que el juicio no se llegaría a hacer nunca.
Este lunes 13 empieza el juicio con la declaración los acusados sin la posibilidad de haber podido llegar a ningún pacto con la Fiscalía que, según ha podido saber El Nacional, pedía multas milionarias para dejar el caso en un acuerdo de conformidad y sin juicio. Entre 4 y 5 millones de euros pedía el ministerio público para evitar el juicio y la prisión de los principales imputados. Una cantidad imposible de conseguir, según las defensas, que ha hecho que el caso acabe irremediablemente en juicio.
Las defensas tampoco son muy optimistas sobre el desenlace del caso en la Audiencia Nacional.
El juez Baltasar Garzón empezó la investigación de la presunta red que establecieron los imputados, entre los años 2000 y en el 2009, para interceder o influir en adjudicaciones públicas en operaciones urbanísticas de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llevaneres. Los 11 acusados se enfrentan a los delitos continuados de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y soborno.
La mayor trama de corrupción urbanística de Catalunya
El caso Pretoria es la mayor trama de corrupción urbanística de Catalunya. Han pasado ya más de siete años desde los registros de la Guardia Civil que hicieron tambalear los Ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), Sant Andreu de Llavaneres (Marisma) y Badalona (Barcelonès) y que hicieron estallar el caso Pretoria el 27 de octubre del 2009.
Aquel día se detuvo a nuevo personas y durante la larga instrucción del caso se llegó a una veintena de imputados, pero finalmente serán once las personas que se sentarán en el banquillo de los acusados, incluidos Luigi, Muñoz, Alavedra y Prenafeta. Los cuatro ya pasaron en un primer momento por la prisión, pero poco después quedaron en libertad después de pagar una fianza.
También están acusados el exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; los empresarios Josep Singla (Proinosa) y Manuel Carrillo (Limasa), el principal colaborador de Luigi, Manuel Valera (Niesma); dos colaboradores de Alavedra, Philip McMahann y Glòria Torres, y la mujer de Prenafeta, Lluïsa Mas.
El juez Baltasar Garzón fue el encargado de iniciar la investigación, pero la instrucción la ha hecho prácticamente en su totalidad el juez Pablo Ruz, que le tomó el relevo el verano del 2010 después de la suspensión de Garzón y de un periodo de cambio en el que Santiago Pedraz se hizo cargo temporalmente de este caso y en el que levantó el secreto de sumario.
Entre 1 y 8 años de prisión
La Fiscalía pide ocho años de prisión para Luigi y multas por valor de 10,7 millones de euros, por tres delitos de tráfico de influencias en las operaciones de Santa Coloma, Llavaneres y Badalona, y un delito de blanqueo de capitales. Además, se reclama el decomiso del dinero que se habría embolsado ilegalmente, más de 5,8 millones de euros.
Para Alavedra y Prenafeta, el fiscal pide seis años y diez meses de prisión para cada uno de ellos por dos delitos de tráfico de influencias en las operaciones de Llavaneres y Badalona y uno de blanqueo de capitales. Las multas en este caso son de 10,3 millones de euros para Alavedra y 13,7 millones de euros para Prenafeta. También propone la Fiscalía el decomiso de parte del dinero que habría ganado ilegalmente: 3,2 millones de euros, Alavedra, y 5,8 millones de euros, Prenafeta.
En el caso del excalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, la petición de penas del fiscal también es de seis años y diez meses de prisión, pero en su caso por dos delitos de soborno, uno vinculado a la operación Pallaresa y el otro en el marco de la adjudicación del contrato de limpieza del Ayuntamiento en la empresa Limasa. Para Muñoz también está la petición de inhabilitación durante trece años, multas por valor de 4,2 millones de euros y el decomiso de 1,1 millones de euros de ganancias ilícitas y de un ático en la zona alta de Barcelona.
El resto de acusados se enfrentan a penas menores, que les podrían evitar la prisión si consiguieran una rebaja sustancial en caso de condena. Philip McMahan, el hombre que presuntamente gestionaba desde Andorra el dinero negro de Alavedra, se enfrenta a tres años y medio de prisión y 4,2 millones de euros de multa por un delito de blanqueo de capitales.
Otra colaboradora del mismo Alavedra, Glòria Torres, se enfrenta a una petición de condena de tres años y medio de prisión y 9,4 millones de euros de multa por el mismo delito. También de blanqueo de capitales está acusada la mujer de Prenafeta, Lluïsa Mas, para quien el fiscal pide dos años y medio de prisión y 630.000 euros de multa.
Manuel Dobarco, exconcejal de Urbanismo de Santa Coloma, se enfrenta a una petición de un año de prisión, cinco de inhabilitación y 4,1 millones de euros de multa por tráfico de influencias. Para el exdirector de Proinosa, Josep Singla, piden once meses de prisión y 1,5 millones de euros de multa, también por tráfico de influencias.
Para el responsable de Niesma y uno de los testaferros clave de Luigi, Manuel Valera, el fiscal pide dos años y nueve meses de prisión y multas por valor de 6,1 millones de euros por tres delitos de tráfico de influencias; mientras que el responsable de Limasa, Manuel Carrillo, se enfrenta a tres años de prisión y 19.400 euros de multa, acusado de soborno.
Pena de telediario
El caso Pretoria, prácticamente, se emitió en directo desde el principio de los registros hasta que los acusados salen de la prisión que se les aplicó como medida cautelar durante meses para evitar que huyeran o destruyeran pruebas.
La llegada a la Audiencia Nacional el 30 de octubre del 2009 marcó también un antes y un después. El furgón de detenidos no entró dentro del parquing que lleva a los calabozos. Se quedó en la puerta, obligando a los detenidos a bajar del furgón, recoger sus pertenencias y entrar en el edificio delante de las cámaras de todos los medios de comunicación.
Esposados, sin cordones en los zapatos, ni cinturón. Vestidos como hacía 48 horas y recogiendo las pertenencias en bolsas de basura azules. Estaban detenidos y acusados, sin embargo, no juzgados, y la decisión de la Guardia Civil que los trasladó y los dejó en la puerta fue ya una pena por adelantado. Una pena de telediario, como se calificó en aquel momento, porque se les expuso a ojos de todo el mundo.