La primera condena en el canal de Urgell por cerrar por la sequía ha abierto la puerta a un alud de demandas. Tal como recoge la ACN este martes, el Juzgado Contencioso Administrativo ha condenado a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell a indemnizar a un payés que no pudo regar por el cierre de 2023, de manera que ahora puede haber nuevas demandas porque afectados como este hubo centenares. Este agricultor de Castellnou de Seana (Pla d'Urgell) decidió presentar una reclamación patrimonial porque a finales de marzo de 2023 sembró maíz sin que nadie le avisara de la situación que vendría al cabo de unas semanas y el caso llegó a los juzgados el pasado 7 de febrero. Ahora, la comunidad de regantes tendrá que pagarle 2.451,58 euros, que son los costes de la siembra y el herbicida por el maíz que no llegó a recoger.
En la sentencia, el magistrado hace constar que el cierre del canal y la decisión sobre el destino final del agua que se pudo suministrar a finales de abril fue tomada por la comunidad general. El juez añade que no hay ninguna duda que quien "manejaba" la información oficial y más "técnicamente fidedigna" sobre la situación de sequía también era la comunidad, por las fuentes de información que tiene sobre la situación hídrica de la cuenca. También recuerda que la comunidad general de regantes tiene que satisfacer los intereses privados de sus miembros y que el derecho al uso del agua es igual para todos los regantes y proporcional en la superficie regable, según se dispone en las Ordenanzas de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell, en el artículo 54.
Información insuficiente al payés
Es de esta manera que el juez considera que la comunidad intentó esquivar su "eventual responsabilidad" con el payés que presentó la reclamación patrimonial, alegando una causa de "fuerza mayor" y con una serie de explicaciones que no pueden prosperar. Sin negar la situación excepcional de la sequía de hace dos años, el magistrado argumenta que la comunidad conocía las circunstancias excepcionales de sequía con anterioridad al 2023, por lo cual quedaría desactivada la "concurrencia de fuerza mayor". Así, concluye que la información que transmitió la comunidad a la colectividad de regantes del payés recurrente no fue "ni suficiente ni previsora" para poder anticipar o planificar adecuadamente la situación futura de un cierre pocas semanas después de sembrar.
El portavoz de la Plataforma Manifiest del Gran Urgell, Jaume Perera, ha destacado que la sentencia reconoce el daño de la "gestión deficiente", la poca información y la decisión "arbitraria" de los responsables del canal que ahora tendrán que indemnizar al regante con la cantidad reclamada más los intereses correspondientes. La sentencia es firme y no puede ser apelada.