En cuatro años se han aplicado el 58% de las prisiones permanentes revisables que se han pedido. Desde su introducción en el Código Penal después de la reforma de 2015, la pena de prisión permanente revisable ha sido aplicada por los tribunales españoles en diez de los diecisiete casos en que había sido solicitada por alguna de las partes, lo que lanza un porcentaje del 58,8 por ciento de las sentencias dictadas.

De estas 10 sentencias, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el 31 de julio de 2019, una se dictó el año 2017, cuatro en 2018 y las cinco restantes en los primeros meses del año en curso.

Los condenados a la misma pena que se solicita para Ana Julia Quezada ―asesina confesa del niño Gabriel que está siendo juzgada estos días por un jurado popular en Almería― son todos hombres. Mientras que de las 16 víctimas asesinadas en total, 10 eran mujeres, cinco de ellas niñas; y 6 eran hombres, entre ellos dos niños. El número de menores asesinados (7) representa el 43,8 por ciento del total.

En todos los casos, el tribunal apreció la existencia de alevosía en la comisión del delito y aplicó el agravante de parentesco entre la víctima y el condenado. En dos casos hubo agravante de género y en cinco la condena incluyó al menos otro delito (en cuatro de estos cinco casos el otro delito era agresión o abuso sexual).

Respuesta judicial en 2 años

Según los datos hechos públicos este viernes, el tiempo medio de respuesta de los tribunales (los días transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que se dictó la resolución por el tribunal del jurado) fue de 745 días en la sentencia de 2017; de 780 días en las de 2018 y de 844, en las de 2019. En estos procedimientos intervinieron órganos judiciales situados en las provincias de A Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajara, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria.

Además de estas 10 resoluciones, se dictaron siete sentencias en que la pena de prisión permanente revisable fue solicitada por alguna de las partes pero el tribunal no la impuso: una en 2016 (la petición fue de la acusación particular); dos en 2017 (en los dos casos fue la acusación popular la que formuló la solicitud de pena máxima); tres en 2018 (las peticiones las realizaron bien las acusaciones particular y popular o bien la fiscalía); y una última sentencia en 2019 (con petición de la acusación particular). En estos siete casos resultaron condenados 10 hombres. Las víctimas fueron 6, cuatro hombres y dos mujeres.

Según instancia y casación

Además, en el periodo temporal que abarca el informe se han detectado tres sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores de justicia: dos, de 2018, de los TSJ de País Vasco y Canarias; y la tercera, de 2019, del TSJ de Galicia.

Las tres sentencias confirmaron las penas de prisión permanente revisable impuestas por el tribunal del jurado y el tiempo medio de respuesta (el transcurrido entre las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia) fue de 90 días. En 2019, hay una única sentencia del Tribunal Supremo relacionada con un procedimiento en el cual se impuso al acusado la pena de prisión permanente revisable.

Por otra parte, la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo revocó la sentencia del TSJ de Canarias (que había sido confirmatoria) y fijó la pena en 24 años de prisión. Entre el día en que se produjeron los hechos y la sentencia dictada en casación transcurrieron 1.098 días.

La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable en razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Las sentencias analizadas han sido localizadas extraídas de la base de datos documental del CENDOJ (Centro de Documentación Judicial).