El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha hecho toda una serie de propuestas para acabar con la multirreincidencia, que empiezan con un aumento de las penas contra el hurto de móviles. En un acto de este martes presidido por el decano, Jesús Sánchez, y el alcalde, Jaume Collboni, se ha pedido que el robo de un móvil o de otro dispositivo electrónico se castigue con entre uno y tres años de prisión. Esto facilitaría, supuestamente, que los jueces envíen a prisión preventiva a los sospechosos, aunque no tengan antecedentes. El lunes, los jueces ya habían alertado de que para enviar a la prisión uno multirreincidente hace falta peritar qué ha hurtado y que ahora esto tarda 8 meses.
Ahora, los hurtos de los objetos valorados en menos de 400 euros se castigan con penas de multa. En estos delitos leves tampoco se puede aplicar la prisión provisional mientras se investiga la causa, una cosa que sí que podría hacerse con la modificación del Código Penal propuesta por el ICAB. Sánchez ha detallado que el objetivo es que "tenga un efecto disuasorio, que la gente sepa que sacar un móvil, cualquier objeto, pero sobre todo un móvil, comporta la posibilidad de que un juez pueda dictar una medida cautelar de prisión".
Robar un móvil, hurto agravado
Lo que propone el ICAB es incorporar un décimo punto al artículo 235.1 del Código Penal para castigar con penas de entre uno y tres años desde prisión a los ladrones cuando los objetos sustraídos sean dispositivos electrónicos o tecnológicos, como si fuera un hurto agravado. Es decir, que se equipararía el robo de un móvil (independientemente de su valor) con el de artículos de valor artístico, histórico, cultural o científico, de primera necesidad, de cableado, de infraestructuras eléctricas, agrarios y ganaderos.
El colegio también plantea que en los casos de delitos leves de hurto, cuando haya tres antecedentes se pueda elevar a delito menos grave, sin tener que demostrar que el valor de los objetos sustraídos supera los 400 euros. Sánchez ha remarcado que si a alguien le roban el móvil "le quitan la vida", ya que allí tiene su privacidad y claves personales, por eso es un delito que por sí mismo tiene que tener entidad suficiente para que un juez pueda enviar a prisión preventiva al ladrón y enviar un mensaje disuasorio.
Ocupaciones y desalojos en 48 horas
Por otra parte, el ICAB ha propuesto que en viviendas o locales comerciales ocupados la policía pueda desalojar los ocupas en un plazo máximo de 48 horas si un juez lo ordena ―y no con la media actual de 20 meses―. Los abogados han criticado que las medidas actuales no son eficaces y que ralentizan mucho el proceso de desalojo: "Las mafias organizadas saben que aquí se incentiva la ocupación porque no hay mecanismos rápidos y ágiles para que se recupere".
La propuesta es que el Código Penal recoja que el allanamiento de morada y la usurpación de vivienda sean un delito flagrante, para que los jueces puedan ordenar desalojos en un plazo máximo de 48 horas. Eso sí, el ICAB defiende que se tiene que dar una alternativa habitacional a los ocupantes en situación de vulnerabilidad y que los jueces tengan herramientas para intervenir ante las quejas de los vecinos por una okupación.