En Catalunya, por término medio, cada día se ejecutan una treintena de desahucios o desalojos —la mayoría, en Barcelona—. De estos, en un 20% la autoridad judicial pide la presencia de los Mossos d'Esquadra y solo en un 1% de estos hay incidentes. Los últimos años, y según los datos recopilados por los mismos Mossos d'Esquadra, en 600 desahucios ha habido que hacer uso de la fuerza y se han identificado y denunciado personas, o bien las personas que tenían que ser desahuciadas o personas que impedían el desalojo. Desde el inicio de la legislatura que el conseller del Interior, Joan Ignasi Elena, había anunciado su intención de pedir a los Mossos d'Esquadra que articularan un protocolo con el fin de actuar, de manera igual en todo el país, en casos de desahucios, sobre todo, cuando había menores o personas vulnerables que había que echar de su casa. En esta línea también estaba sobre la mesa la manera de hacer que en estos desalojos únicamente participaran unidades de orden público, como la Brigada Móvil (Brimo), en los casos que haya riesgo de incidentes o cuando sean requeridos por la autoridad judicial.
Si bien se deja por escrito que será "el último recurso", como ya se hacía hasta ahora, y de esta manera se evita que de oficio los Mossos desplieguen unidades de orden público en desahucios que no haga falta, se evita también cerrar la puerta a que, en casos que se ordene judicialmente o que sea necesario, sí que los desalojos se hagan con equipos de la Brimo y del ARRO.
Dos nuevos protocolos de desahucios y desalojos
Hoy, en la sede de Interior, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, acompañado del mismo conseller, ha presentado dos Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) que se han diseñado para homogeneizar como desde las diferentes comisarías de los Mossos hará falta actuar a la hora de hacer desalojos —viviendas o locales ocupados en un delito flagrante (se ha dotado de pautas claras para los agentes cuando detecten que se está produciendo una ocupación)— y desahucios —cuando se tenga orden judicial—. La principal novedad, tal como han explicado el comisario jefe y el mismo conseller, es que ahora la policía catalana tendrá un protocolo compartido por todo el país —ahora había alguno solamente en Barcelona ciudad, de hace años, pactado con la judicatura y la abogacía— que permitirá que todos los desalojos y desahucios que se hagan sigan las mismas pautas. De esta manera, se asegura desde el cuerpo policial, se da más seguridad a las partes, pero también a los agentes de los Mossos que tienen que actuar en estos incidentes.
Los dos nuevos PNT, que se empezaron a diseñar con el comisario Estela al frente de la Prefectura y que ya han recibido el aval del jefe de la División de Evaluación de Servicios (DAS), el major Trapero, y también de la Fiscalía, pivotan sobre tres puntos claves, que si bien ya se ponían en práctica, ahora quedan normalizados: la mediación, la atención a las personas vulnerables y evitar el despliegue de unidades antidisturbios cuando no sea necesario. "Mediación, mediación, mediación y después, unidades de Seguridad Ciudadana, y, en último término, dispositivos de orden público", ha detallado, en resumen del protocolo, el conseller Joan Ignasi Elena.
"Mirada social" a la actuación de los Mossos
Desde los Mossos aseguran que la presencia policial en un desahucio es el "último eslabón" de un proceso "donde no se han encontrado soluciones a una problemática social" y recuerdan que la policía actúa como policía judicial "para garantizar en todo momento la actuación judicial", que es quien ha ordenado el desahucio. "Los Mossos d'Esquadra no desahucian, lo hace una sociedad injusta", ha asegurado el conseller de Interior. Elena, también ha reclamado más medidas de protección de la vivienda, que, asegura, los "lobbies de los grandes tenedores" han echado atrás. "Alguien sabrá los motivos", ha remachado el conseller.
![RDP DEPARTAMENTO INTERIOR Eduard Sallent / Foto: Montse Giralt RDP DEPARTAMENTO INTERIOR Eduard Sallent / Foto: Montse Giralt](/uploads/s1/37/73/64/90/rdp-departament-interior-eduard-sallent_15_630x420.jpeg)
Es por eso que la Prefectura opta por dotar estos protocolos "de una mirada social" para garantizar una mayor coordinación entre todos los actores que participan, no únicamente los policiales, como por ejemplo en casos de desahucios con menores o con personas vulnerables cuando se activan los servicios sociales. Solamente se activarán recursos de orden público, ARRO y Brigada Móvil, cuando sea una petición del juez que ordena el desalojo o si, por la información recogida por los servicios de inteligencia policial se detecta que el desahucio puede comportar incidentes. Al mismo tiempo, los Mossos también harán la gestión con los servicios sociales con el fin de analizar quiénes son las personas que tendrán que ser desahuciadas y qué riesgos sociales se pueden derivar.
Nivel del 1 a 3 para valorar el riesgo
En el caso de los desalojos judiciales, y tal como ha detallado el comisario jefe, los Mossos analizarán todos los requerimientos para dictaminar cuál es el riesgo, dando un nivel del 1 a 3, según lo que la Comisaría General de Información evalúe, con inteligencia policial. Los dispositivos, que liderará el jefe de cada comisaría, se dimensionarán según este nivel de riesgo, que irá escalando con mediación, patrullas de unidades de Seguridad Ciudadana y también "de unidades especializadas", tal como se ha referido Sallent a la Brigada Móvil y el ARRO.
De esta manera se evitará la presencia, desde un primer momento, de equipos de orden público, que, ha asegurado el mismo comisario jefe, que "muchas veces los juezes no nos lo piden". La Brimo y el ARRO no son para hacer desahucios, ni ahora ni nunca. Los necesitaremos solamente cuando sea complicado hacer este desalojo", ha detallado el comisario jefe.
Más mediación
La mediación también será una de las patas de este protocolo que hoy han presentado los Mossos d'Esquadra; de manera previa al día del desahucio y también durante el lanzamiento. La policía catalana potenciará este recurso "para establecer un diálogo para la resolución pacífica de la actuación", detalla el protocolo.
Para el comisario jefe, Eduard Sallent, estos dos protocolos "enseñan la policía que queremos ser", ha asegurado. "Somos la policía de Catalunya y no dejaremos de hacer lo que es nuestro deber, que pasa por hacer cumplimiento de las resoluciones judiciales". Con todo, sin embargo, reconoce que, algunas veces, estos requerimientos no son "agradables". Los Mossos tenemos que ser "fiables en nuestra misión institucional de hacer cumplir la ley, sin embargo, por otra parte, tenemos que favorecer la cohesión social", ha detallado también el comisario jefe.
A la hora de hacer los atestados y la minuta policial, los Mossos, con estos nuevos protocolos, también harán una petición de la medida cautelar de petición del desahucio a la autoridad judicial.
Inteligencia policial para ir a la raíz
La Prefectura de los Mossos también ha puesto en marcha una nueva unidad central formada por cuatro personas que se encarga de analizar el fenómeno de las ocupaciones en Catalunya y generar inteligencia policial con el fin de abordar la prevención y también la reacción, en los casos de ocupaciones sociales y, sobre todo, en las ocupaciones de carácter delincuencial. La Unidad Central de Intervención en Conflictos en la vivienda (UCICH) —que cuelga del Área Técnica de Proximidad Seguridad Ciudadana— se encarga de la interlocución y coordinación con todos los actores implicados en estos ámbitos, con coordinación directa con las regiones policiales a través de sus interlocutores.
La inteligencia policial que genera esta unidad central de los Mossos tiene que permitir a la policía disponer de datos que ofrecen una visión particular de cada territorio y una visión global a escala de Catalunya de la problemática que ocasiona policialmente el fenómeno de los desahucios y de las necesidades sociales en este ámbito. El comisario jefe ha explicado que hace falta esta información para "prevenirla y poder abordarla más allá de la reacción", que es como, hasta ahora, asegura Sallent, se había trabajado en los desahucios por todo el país.