El president Carles Puigdemont y los cuatro consellers que lo acompañan en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, han comparecido durante una hora ante el juez belga que no decidirá sobre su extradición en España hasta las puertas de las elecciones del 21 de diciembre. Durante la comparecencia no se ha interrogado al president ni a los consellers.
La Fiscalía ha pedido la extradición. Durante la vista ha eliminado el delito de malversación y tampoco contempla la corrupción. Y ha refundido los delitos de rebelión y sedición en la figura judicial belga de coalición de funcionarios, que comporta 6 meses de prisión. El delito de coalición de funcionarios representa un alzamiento contra el poder según la justicia belga.
Ahora los abogados de la defensa tienen 17 días para preparar las alegaciones y presentarlas. El juez los cita en una nueva vista el 4 de diciembre. Y después de escuchar a las defensas tiene entre 8 y 10 días para tomar una decisión que coincidirá en plena campaña electoral. Una vez el juez haya decidido, después las defensas pueden alegar y empieza un tiempo legal que se puede alargar hasta 3 meses.
El president de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y los cuatro consellers que lo acompañan en Bélgica han llegado minutos antes de las 14h al Palacio de Justicia, hora prevista para empezar la comparecencia, y a pesar de la gran expectación mediática, la prensa ni los ha visto. El president y los consellers han llegado en coche y han entrado directamente al aparcamiento del edificio. Con ellos han llegado los abogados y un intérprete de neerlandés.
Han comparecido en la Cámara del Consejo, el tribunal de primera instancia que deberá decidir sobre el "fondo" de las órdenes europeas de detención y entrega emitidas contra estas cinco personas por la Audiencia Nacional.
La Fiscalía no ha querido aclarar nada de la comparecencia de hoy para no interferir en las acciones judiciales que se están haciendo a puerta cerrada. Así lo ha remarcado en el comunicado que ha enviado a los medios en 4 lenguas.
Los alegatos de las defensas
La defensa del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de sus cuatro consellers que se encuentran en Bruselas alegarán ante la justicia belga que la orden de detención emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es una venganza política.
Los abogados confían en que el juez tendrá que rechazar las "euroórdenes" porque en ellas la Audiencia Nacional no imputó ningún acto "punible", destacaba ayer el diario flamenco De Standaard.
Las órdenes de arresto y detención emitidas por las autoridades españolas, que son idénticas para los cinco, hacen referencia a cinco violaciones del código penal español: delito cometido por un cargo público, desobediencia, rebelión, amotinamiento y malversación de dinero público.
España "no contempla ningún hecho punible individual, sino sólo sus decisiones políticas, que conocía todo el mundo y por las cuales fueron elegidos democráticamente". "Por lo tanto, sólo son procesados por su opinión política. El juez belga tiene que rechazar su entrega", han concluido los abogados.
El domingo 5 de noviembre, después de entregarse primero a la policía, la Fiscalía belga los remitió a un juez de instrucción que examinó la "forma" de la petición de las autoridades españolas para confirmar que se ajustaba a derecho y decretó "libertad con medidas cautelares" para Puigdemont y sus exconsellers mientras se resuelve el caso.
Extradición en campaña
En caso de que el juez decida cumplir con la extradición, tampoco será inmediata. Los abogados de Puigdemont y los cuatro consellers pueden recurrir, y lo pueden hacer en dos instancias. Primero, al mismo juez de instrucción, y después, si rechazan el recurso, a la sala de apelaciones.
Todo puede alargar el trámite unos 20 días. Y podría coincidir en medio de la campaña electoral. Si fuera así, habría un intenso movimiento judicial a menos de 15 días de las elecciones con parte de los candidatos con la amenaza de la prisión.
Pero si se justifica que hay circunstancias excepcionales, el proceso se puede alargar hasta 60 o 90 días.
Si, a pesar de los recursos que puedan presentar los abogados, la justicia belga decide extraditar al president Carles Puigdemont y los consellers, los llevarían directamente a Madrid.
Primero a una comisaría donde se hará la filiación en España. Y después se daría traslado a la Audiencia Nacional que le tomaría declaración y establecería las medidas cautelares, tal como pasó con el vicepresident Oriol Junqueras y el resto de consellers.
Los plazos también van ligados a las horas de salida y llegada a Madrid. Si llegaran por la tarde es más que probable que tuvieran que pasar la noche anterior al interrogatorio de la Audiencia Nacional en un calabozo de la comisaría de la policía.
Tampoco está claro de que les interrogue Carmen Lamela, que lleva todo el caso. Puigdemont y el resto de consellers pasarán a manos del juez que haya de guardia en el momento que lleguen a España. Si Lamela no está de guardia, no los interrogará. Y la policía no les puede hacer esperar en comisaría hasta que la jueza esté de guardia. Otra cosa será que coincida con los horarios de Lamela o que haya un cambio de turnos.
En el caso del vicepresident y los consellers, el fiscal presentó la querella justo cuando la jueza que ya había encerrado en la prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart tenía turno de guardia.
La vía Forcadell
La otra posibilidad es que, en caso de que el juez belga decida la extradición, los abogados de Puigdemont y los consellers no presenten recurso y opten por la vía Forcadell.
Es decir, declarar en la Audiencia Nacional, y hacerlo en el mismo sentido que lo hizo la presidenta del Parlament que explicó que la DUI fue declarativa y simbólica y que no se llegaron a aplicar los decretos aprobados. Y conseguir así una medida cautelar que pasaría por la prisión bajo fianza y poder estar en libertad durante la campaña electoral.