El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, justo ahora ha empezado la instrucción del caso del referéndum. Su investigación pasará los próximos días por pedir las pruebas que puedan confirmar y contrastar si realmente los procesados, Govern y Mesa del Parlamento, cometieron los delitos de rebelión, sedición y malversación de los que se les acusa.

Dentro de este proceso está la providencia de esta semana en la que pide diferentes informes a la Guardia Civil. Y dentro de toda la información que tiene que revisar, que le llegó de la Audiencia Nacional, están las declaraciones de los miembros del Govern. Lo que no tiene es la versión de los hechos del presidente Carles Puigdemont y los consellers que el 2 de noviembre no se presentaron porque estaban en Bruselas, Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.

Lo primero que ha hecho Llarena sobre los 5 acusados que considera huidos es retirar la euroorden para apartar del caso la acción de la justicia belga. El magistrado deja en las manos de Puigdemont y los consellers la decisión de seguir "eludiendo" la justicia española, como apuntan fuentes judiciales en El Nacional, o bien reconducir la situación.

Por este motivo lo que se plantea ahora es si Llanera tiene previsto citarles o no a declarar. Y ahora mismo pesa más la opción de no citarles, esperar que rectifiquen su huida y entren en territorio español y pidan declarar para aclarar los hechos.

Con la orden nacional de detención en vigor, la policía podría detener Puigdemont y los consellers en el aeropuerto o solo cruzar la frontera. El juez levantó la euroorden con el pretexto que el presidente había transmitido su voluntad de venir a Catalunya en el periodo electoral o bien para tomar posesión. Pero el acta de diputado la puede recoger por poderes, otra cosa sería la investidura como presidente, pero este extremo depende de los resultados electorales y de los pactos posteriores.

La opción de declarar por videoconferencia queda descartada. Los abogados de Puigdemont y los consellers ya lo han pedido y el mismo juez ya se ha negado. Un caso reciente de este tipo de declaración es la del representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Méndez, que compareció desde Oporto.

Ahora mismo, en el sumario, constan las declaraciones de medio Govern, lo que se presentó y acabó en prisión preventiva. Sobre el resto, consta que están huidos, lo que puede complicar su situación cuando la justicia española empiece a instruir a fondo el caso y más todavía si también les aplicaran la prisión como medida cautelar, ya que el riesgo de fuga en estos casos es evidente.

Fuentes del Tribunal Supremo apuntan que Puigdemont y los consellers podrían cambiar la situación, venir a España y pedir declarar. También aseguran que en el momento que pongan un pie en territorio español "se les detendrá por regular su situación" y se les tomará declaración en el plazo previsto, que puede ser entre las 48 horas posteriores a la detención.

Próximas decisiones

Pablo Llarena empieza ahora a investigar con tres tipos de acusados sobre la mesa: los que tiene en la prisión, los que a dejado en libertad con medidas cautelares y los que están en Bruselas. Sobre los primeros, los próximos días tendrá que resolver los recursos que han presentado a los abogados de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sànchez y que incluyen el derecho a participar en la campaña electoral como candidatos.

A una semana para el final de la campaña, el magistrado tendrá que tomar una decisión de la que la Junta Electoral Central ya ha posicionado, en el sentido que aunque no considera que tengan que salir del centro penitenciario para hacer actos, sí que cree que los candidatos pueden gravar vídeos y hacer entrevistas en los medios de comunicación dentro de la prisión. Llarena tiene hasta el martes por la noche para decidirlo. Aunque si lo decide el martes, ya no tendrán tiempo de hacer nada, porque es el día que finaliza la campaña y miércoles es jornada de reflexión.