Este jueves 3 de abril entra en vigor la Ley Orgánica 1/2025 para mejorar la eficiencia de la Justicia, una normativa que, entre otras medidas, prevé una reforma para agilizar la respuesta de los tribunales ante la ocupación ilegal de inmuebles. En este caso, se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acelerar el desalojo. Fue una enmienda propuesta inicialmente por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) para "proteger a los propietarios", y fue aprobada por el Congreso el noviembre pasado, con el apoyo del PP, de Junts, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), de Coalición Canaria y también con el voto favorable por error de Esquerra Republicana y EH Bildu —el PSOE, Sumar y Podemos votaron en contra, al considerar que no es la respuesta adecuada a la actual crisis de vivienda y que puede dificultar aún más la vida a personas en situación de vulnerabilidad—.

¿Qué supone la ley? Algunos expertos ya la han definido como un cambio de paradigma. La norma afecta a los delitos de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal, cuando se trata de la vivienda habitual) y de usurpación de vivienda (artículo 245 del Código Penal, cuando se trata de una segunda residencia o un inmueble vacío), permitiendo que se encausen mediante juicios rápidos. De esta forma, en un máximo de 15 días desde que el caso llega al tribunal debe haber resolución, cuando anteriormente estos procesos podían alargarse durante unos cuantos meses.

Asimismo, una vez haya sentencia, y comprobado que el denunciante es el titular de la propiedad, puede producirse un desalojo exprés del inmueble, en un plazo de 48 horas: tanto en viviendas habituales como en segundas residencias, y sin atender a si hay menores o personas vulnerables entre los ocupantes. Además, implica un endurecimiento de las sanciones si se demuestra que se ha tratado de una ocupación con fines delictivos o si ha implicado el uso de la violencia. En el caso de tratarse de una residencia habitual, puede haber hasta pena de prisión. Sin embargo, esta ley no incluye a inquilinos con contrato alquiler que dejan de pagar.

Unos meses después de aprobarse la ley, a mediados de este marzo, Junts ha propuesto aún más cambios legislativos en este sentido. Los de Carles Puigdemont buscan el apoyo del PSOE y del PP para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y facilitar la adopción de medidas cautelares como el desalojo de un inmueble ocupado en un plazo máximo de 48 horas y que se impidan dilaciones "por la alegación de vulnerabilidad por parte de los ocupantes ilegales del inmueble". El secretario general de Junts, Jordi Turull, defendió que las fórmulas previstas en la vía penal para desocupar un inmueble no están "siendo suficientemente eficaces ni suficientemente rápidas".