El Govern ha aprobado un nuevo decreto ley para proteger el catalán en la escuela y dar respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que impuso un 25% de castellano en las aulas de Catalunya. ¿Qué dice la nueva ley? ¿Cómo será el nuevo curso escolar 2022-23? ¿Ha acabado la batalla judicial? Te explicamos todas las claves que se aplicarán a partir del próximo curso.
Sin porcentajes de catalán ni castellano en las escuelas
El nuevo decreto prohíbe aplicar "parámetros numéricos, proporciones o porcentajes lingüísticos" en las aulas y establece que la lengua vehicular de las escuelas será siempre el catalán. Según el Govern, la nueva ley garantizará "la consecución del uso de las lenguas oficiales en función de las necesidades de los alumnos", es decir, que a partir de ahora los proyectos lingüísticos de cada centro tendrán que tener en cuenta la realidad sociolingüística y la diversidad de los alumnos y garantizar que al acabar la enseñanza todos los niños y niñas tengan un conocimiento oral y escrito del catalán y el castellano. Por lo tanto, todo eso también provocará que la cuarentena de escuelas que ahora aplican un 25% de castellano a raíz de algunas denuncias de los padres tengan que cambiar el sistema lingüístico.
El papel de las escuelas para defender el catalán
Con estas directrices, antes del próximo curso cada centro tendrá que hacer llegar a la conselleria su propio proyecto lingüístico, que tendrá que ser ratificado por el Departamento de Educación en un plazo de treinta días. En caso de que el proyecto necesite cambios, la escuela lo tendrá que hacer lo más rápido posible y sin pasar nunca los seis meses. Sin embargo, desde el Govern aseguran que los centros recibirán "instrucciones muy claras, con muy poco margen de duda."
Josep Gonzàlez-Cambray, el responsable legal del nuevo decreto del catalán
Aunque serán las direcciones de los centros las que decidirán y elaborarán los proyectos propios, la ley deja claro que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray será el responsable legal con el fin de proteger a los docentes ante las injerencias de los tribunales. Así pues, según el decreto, la Generalitat tendrá que velar por garantizar que todos estos proyectos se ajustan a legalidad y a la realidad sociolingüística de cada centro teniendo siempre como prioridad dar respuesta a las necesidades de los estudiantes.
Un capítulo más de la batalla judicial
El Govern ha decidido utilizar la fórmula del decreto ley porque así el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no tendrá competencias para anularlo. En todo caso, lo tendría que hacer el Tribunal Constitucional. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estos momentos la vigencia de este decreto ley es sólo de uno más. Para alargarlo hará falta que lo avale el Parlament, que si no quedará directamente derogado. En este sentido, el Gobierno ha asegurado que ya está trabajando para conseguir apoyos parlamentarios y dan para hacer que la propuesta se podrá sacar adelante sin impedimentos.
Este decreto ley va en paralelo a la nueva ley que se está tramitando al Parlamento de la mano de ERC, Junts, el PSC y los comunes y que ahora mismo está en el Consejo de Garantías Estatutarias para|por el recurso presentado por el PP, Ciutadans y Vox. En concreto, esta regula el aprendizaje de las lenguas y fija el catalán como lengua vehicular y el castellano como lengua de uso curricular, siendo esta última denominación un punto donde no hay entendida total entre los cuatro partidos. En concreto, fija que el catalán es el idioma normalmente utilizado como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y el de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. También incluye que el castellano es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro. En este sentido, fija que "la enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículums y en los proyectos educativos" e incluye que la presencia de las lenguas oficiales "tiene que tener en cuenta la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del procés|proceso de aprendizaje lingüístico".