La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado una nueva querella contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y también contra Lluís M. Corominas, vicepresident primer; Anna Simó, secretaria primera, y Ramona Barrufet, secretaria cuarta, por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por la aprobación de la resolución para convocar un referéndum sobre la independencia de Catalunya.

Entre los denunciados no hay el secretari tercer de la Mesa, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, aunque recibió en su día la notificación del Tribunal Constitucional. Dice la Fiscalía que Nuet "no pretendía com los querellados incumplir los mandatos del TC, ni llevar adelante un proyecto político con total desprecio de la Constitución de 1978", y argumenta los dos votos en contra de la hoja de ruta y de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent, y a su abstención en la última votación de la resolución para el referéndum vinculante y unilateral del 6 de octubre pasado.

La nueva querella responde así a la decisión del Tribunal Constitucional de anular la resolución del referéndum unilateral y deducir testigo contra Forcadell y los miembros soberanistas de la Mesa por desobediencia.

La querella no ha sido todavía admitida a trámite. Lo tiene que decidir la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Catalunya, que ha recibido esta mañana la querella de manos de la Fiscalía. 

La semana pasada, el martes 14 de febrero, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó por unanimidad anular todos los acuerdos del Parlament de octubre del 2016, entre los cuales el que instaba al Govern de la Generalitat a convocar un referéndum el 2017, y denunciar ante el fiscal a la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, y a cuatro miembros más de Mesa, lo que suponía abrir la vía penal contra ellos. Justo el día siguiente, los miembros de Mesa de la cámara catalana recibían la interlocutoria -a falta de la notificación oficial- que anula los acuerdos que se tomaron aquel día sobre el "futuro político de Catalunya".

La interlocutoria avisaba tanto a la presidenta Carme Forcadell como a los cuatro miembros de la Mesa implicados en el procés -Lluis Corominas, Anna Simó, Joan Josep Nuet y Ramona Barrufet- para que "se abstengan de realizar cualquier actuación tendente a ejecutar la resolución 306/XI" y les advertía que, en caso de que desobedezcan, incurrirán en responsabilidades "incluida la penal".

El Constitucional aceptaba, así, el incidente de ejecución que planteó el Gobierno central contra la resolución del Parlament que instaba a convocar el referéndum. La denuncia se ha hecho por orden de la Fiscalía General del Estado y pide que se unan en una de sola, las dos querellas que se han presentado hasta ahora contra Forcadell. Esta última y la que ya está en proceso de instrucción. La primera querella se presentó el 19 de octubre. En ella, la Fiscalía Superior del Tribunal de Justicia en Catalunya acusa a Forcadell de los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al permitir que la cámara catalana votara la hoja de ruta independentista. Las dos querellas están firmadas por el fiscal jefe de Catalunya, José María Romero de Tejada.



Los testigos
 

Entre los testigos que pide citar la Fiscalía hay el actual delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo, porque en el momento de aprobar la resolución era diputado por el PP. También pide la citación de otros miembros de la Mesa del Parlament como José Mª Espejo-Saavedra (Cs) y David Pérez (PSC). Y el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa. 

La Fiscalía también obvia citar como testigo a Joan Josep Nuet.