La sala de admisiones del Tribunal Supremo, que integran cinco magistrados, ha admitido a trámite este martes la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los miembros de la Mesa del Parlamento que participaron en el llamado proceso y la declaración unilateral de independencia.
Después reanudar la deliberación que inició por la tarde de ayer, el Supremo ha designado instructor de la misma al magistrado Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
El ponente de la resolución será el mismo presidente de la sala de lo penal, Manuel Marchena, y completarán este órgano los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, han informado fuentes del Alto Tribunal.
La querella que presentó ayer la Fiscalía General del Estado acusa a la presidenta del Parlamento de Catalunya, Carme Forcadell, el que fue miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet —todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por eso aforados— y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí Que es Pot.
De momento, el Supremo admite la querella tal como está y con todos los delitos que la Fiscalía acusa a los seis inculpados.
Se les atribuye, entre otros, el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel, al entender el ministerio público que los "cimientos del Estado de derecho" han sido "dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto menosprecio en la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la nación española", que es "patria común e indivisible de todos los españoles".
Para la Fiscalía, los hechos atribuidos a los parlamentarios "se han desarrollado más allá del territorio de Catalunya y han producido efectos traspasando el territorio de esta comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio nacional". Añade que el aforo de todos ellos subsiste en tanto que mantienen sus cargos como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Catalunya. Por eso, se entiende que son aforados ante el Alto Tribunal y este acepta su competencia.
¿Y ahora qué?
Tal como pide la Fiscalía en la querella, ahora el juez tendrá que citar de forma urgente a los seis investigados para tomarles declaración. Si no se presentan, hay órdenes de detenerlos.
La Fiscalía pide como medida cautelar unas finanzas de 6.207.450 euros que tendrán que pagar los seis investigados.
Entre los trámites que se empezarán a mover a partir de ahora está el traslado de las querellas que se estaban tramitando en el TSJC contra Carme Forcadell y los miembros de la Mesa. La causa se unifica toda en una y se juzgará en Madrid.