La CUP ha presentado este lunes una querella criminal contra Gas Natural por un delito de homicidio imprudente por omisión en el caso de la mujer muerta en Reus. La querella se ha presentado en el juzgado de instrucción número 3 de Reus contra la persona o personas responsables que dieron las instrucciones para proceder al corte de suministro de electricidad del inmueble y contra la propia entidad mercantil.
La mujer, de 81 años, murió a consecuencia del incendio provocado por una vela dos meses después de que la compañía eléctrica le hubiera cortado la luz. El diputado de la CUP Joan Garriga cree que la compañía da "excusas de mal pagador" cuando argumenta que no tenía que cumplir la ley porque no se ha desarrollado un reglamento de la norma y pide al Govern que actúe con "contundencia y rapidez".
La CUP denuncia que un responsable de Gas Natural ordenó la interrupción del suministro sin avisar previamente a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus a fin de que pudieran tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación vigente. Y recuerda que el artículo 11 del Código Penal establece que se considera un delito por omisión cuando se infringe un "especial deber jurídico", es decir, cuando hay una específica obligación legal de actuar. Según la querella se ha incumplido la ley 24/2015 de 29 de julio de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética.
El Tribunal Constitucional (TC) no ha suspendido la parte que hace referencia a la pobreza energética. El artículo 6.4 de esta ley establece que "cuando una empresa suministradora tenga que hacer un corte de suministro tiene que solicitar previamente un informe de servicios sociales municipales para determinar si la persona o unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial".
Gas natural ha admitido que no comunicó a los servicios sociales que iba a cortar el suministro eléctrico. En este sentido la querella defiende que "se ha incumplido un deber legal de naturaleza tuitiva con resultado de muerte y un aumento del riesgo imputable en términos de causalidad". Según el texto presentado a los juzgados, los responsables de Gas Natural en Reus "tenían capacidad para actuar de otra manera en su posición de garantes y eran conocedores de las obligaciones legales" de comunicar el corte de luz al Ayuntamiento de Reus para que este pudiera llevar a cabo las "cautelas pertinentes".
La CUP pide ser acusación popular en caso de que se tramite la querella y dirige la acusación a "la persona o personas responsables que, en la estructura de la empresa de Gas Natural, dio las instrucciones para proceder al corte de suministro de electricidad y contra la propia entidad mercantil Gas Natural SDG S. A., desde una perspectiva de la responsabilidad civil".
Excusas de mal pagador
El diputado de la CUP Joan Garriga dice que las explicaciones de Gas Natural son "excusas de mal pagador" porque "el no desarrollo de un reglamento no excluye la obligatoriedad de comunicación antes del corte de la luz" a fin de que los servicios sociales determinen si se trata de una persona vulnerable. En este sentido, ha denunciado que con la suspensión del TC de parte de la ley 24/2015 hay compañías que "aprovechan la política" para seguir actuando como hacían antes de la ley. "Hay esta ley y se tiene que cumplir. Está hecha porque tenemos unos casos muy graves, no de cuatro sino de miles de personas," ha concluido. Según el diputado, si se demuestra que la compañía no atendió la ley significaría que "pecó de omisión de incumplimiento de una ley con consecuencias graves".
Sobre si el Govern tiene que denunciar, también a Gas Natural, Garriga ha dejado la decisión en manos del ejecutivo catalán pero le ha recordado que "muchos movimientos sociales están pidiendo contundencia y rapidez". "Si la contundencia y la rapidez pasa por la querella, pensamos que tiene que presentar una querella. Si ellos creen que no, ellos sabrán la mejor manera de ejercerla".