Quim Torra asiste hoy al Tribunal Supremo para defender su legitimidad como president de la Generalitat de Catalunya. Los argumentos de su defensa son claros y acusan al tribunal de imparcial. Tres de sus componentes formaron parte, también, del tribunal que condenó a parte del Govern, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por el referéndum del 1-O del 2017.
Torra es el tercer president de los últimos cuatro años que cae en manos de la justicia española y del que está en juego su cargo institucional. Artur Mas quedó inhabilitado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el año 2016 por la consulta del 9-N del 2014. Posteriormente, también fue juzgado por el Tribunal de Cuentas por una presunta malversación para destinar fondos públicos a la consulta.
Carles Puigdemont cae con el 155 de Mariano Rajoy, que lo obliga a exiliarse. La Audiencia Nacional dicta orden de detención y el Tribunal Supremo lo procesa como responsable del referéndum del 1-O. Con las nuevas elecciones, gana la presidencia de la Generalitat, pero ni puede ser investido telemáticamente ni puede venir a Catalunya bajo la amenaza de una detención y un encarcelamiento preventivo. En su lugar, se inviste a Quim Torra, que vuelve a estar ahora en manos de la justicia española.
"Salimos a ganar este recurso", dice firme su abogado, Gonzalo Boye, que ha preparado una ofensiva política en el enésimo juicio contra el independentismo y las instituciones catalanas. El letrado tiene claro que los mismos que recibieron el mensaje de la pancarta que Torra colgó en el balcón de la Generalitat son ahora los que tienen que ratificar la sentencia de inhabilitación que dictó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: "Son los mismos destinatarios de la pancarta". Por este motivo, Boye defiende una "falta de imparcialidad absoluta" del tribunal, que, además, repite como verdugo del Govern. También destaca la "desproporción" en la pena.
Hoy tendrá lugar en el Tribunal Supremo una vista puramente técnica. Pero la defensa política de Torra está encaminada al Tribunal de Derechos Humanos, al cual se podría recurrir con los argumentos de la falta de imparcialidad del tribunal que ha resuelto el recurso.
La vista en el Supremo
Quim Torra asistirá a la vista, a las 12 horas, y no está previsto que intervenga. De hecho, en estos casos, los acusados ni siquiera están citados. Se prevé una intervención de Gonzalo Boye de 20 minutos y otra de la Fiscalía por el mismo tiempo. La resolución, en manos de los magistrados del Tribunal Supremo, podría llegar en un tiempo que puede ir desde los 15 días al mes.
Fuentes del Tribunal Supremo apuntan que muy probablemente no se notificará la sentencia hasta que no se haga pública la sentencia del caso Gürtel, que está prevista para este mes de septiembre. El motivo es que el ponente de la resolución del recurso del president de la Generalitat es Gonzalo Berdugo, el mismo de la sentencia del caso de corrupción que salpica al PP. Dentro del mismo calendario está también la sentencia del caso Trapero. Podrían coincidir las dos en el tiempo, sacudiendo de nuevo Catalunya.
El camino de la sentencia
Una vez hecha pública la sentencia, en caso de que ratifique la condena y la inhabilitación del president Torra, empieza la cuenta atrás para unas elecciones al Parlament de Catalunya.
La notificación no tiene nada que ver con los tiempos de los medios de comunicación ni las redes sociales. La sentencia se notifica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es quien juzgó el caso, y a las partes vía el programa judicial LexNet. Y es a partir de aquí que el Gobierno hace el decreto de cese y lo publica en el BOE.
¿Volverá a desobedecer Torra si lo inhabilitan?