Asumirlo es duro, pero es real como la vida misma: hace veinte años el 20% de las sentencias judiciales en Catalunya eran en catalán, mientras que ahora, en cambio, solo siete de cada cien jueces en Catalunya hacen uso del catalán. Las cifras lingüísticas en el ámbito de la justicia dicen, también, que la lengua de las demandas está en un 94 % de los casos en castellano y que solo el 8 % de los documentos oficiales generados en e-justicia son en catalán. Es decir, solo seis de cada cien abogados presentan las demandas en la lengua nacional de Catalunya. ¿Qué ha pasado en las últimas dos décadas para acabar sufriendo una regresión lingüística de esta magnitud? ¿Por qué en las salas de vista catalanas se oye tan poco el catalán? ¿Y sobre todo, cómo se puede reconducir la situación? En este primer capítulo de la serie Radiografía del catalán en la justicia, hemos hecho todas estas preguntas a Joan Ramon Puig y Rogeli Montoliu, miembros ilustres del Consejo de la Abogacía Catalana.
El Departamento de Justicia, dispuesto a revertir la situación
¿Saben los abogados que utilizando el catalán no solo pueden hacer igual de bien su trabajo, sino que incluso pueden remunerarlo mejor? ¿Saben los ciudadanos que absolutamente todos los trámites los pueden hacer en su lengua? ¿Saben los funcionarios que tienen el deber –y el derecho, claro está— de hacer todo su trabajo en catalán y que, en caso de no dominar lo bastante bien la lengua, tienen a su alcance herramientas, formación y ayudas para mejorar el uso? ¿Saben los estudiantes catalanes de Derecho que existen convocatorias de becas a fin de que opten a plazas de jueces, fiscales o letrados? Desde hace tiempo, existen una buena serie de medidas para fomentar el catalán en el ámbito judicial, la mayoría de ellas potenciadas desde el propio Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
La misma Sala de Gobierno del TSJC ha recordado a jueces y magistrados sus obligaciones —en aplicación de la legislación vigente— con respecto al uso de una u otra lengua. Según Joan Ramon Puig, presidente del CICAC, "trabajar durante todo el proceso de defensa en catalán con el cliente y acabar hablando en castellano una vez se entra en el juzgado es francamente incoherente y absurdo, pero sin embargo real. Precisamente para paliarlo, el Departamento de Justicia ha prorrogado para este año el convenio con el Consejo de la Abogacía Catalana para financiar los escritos del turno de oficio y de justicia gratuita que se presenten redactados en catalán. Este año, además, se incrementa la bonificación: de 14 a 20 euros por cada escrito en lengua propia. "El objetivo del incremento retributivo es incentivar el uso de la lengua catalana entre los profesionales del derecho", reafirma Puig, "y así no solo conseguir una mayor incidencia del uso del catalán en el ámbito de la justicia, sino hacer efectivo el derecho de opción lingüística de los ciudadanos que escojan relacionarse en este idioma con la Administración de Justicia."
Ponerse la toga y cambiar de lengua (o no)
La práctica totalidad de juzgados de los ámbitos civil, contencioso administrativo, social, mercantil y secciones civiles de las audiencias trabajan con el sistema informático de tramitación procesal e-justícia.cat. Es un sistema que permite tener datos muy exactos de la lengua en la que se tramita la documentación por demarcación y tipo de documento. Con este actual sistema, todos los documentos que se utilizan en la oficina judicial están actualizados, tanto en catalán como en castellano, y se generan a partir de plantillas ya preparadas. Es decir, hay poco espacio para el texto libre, por lo tanto los documentos se tramitan sin tener que redactar mucho texto. La disponibilidad para emitir documentación en catalán es absoluta, pues, pero solo el 7,97% de los documentos (resoluciones judiciales + trámites) generados con el sistema e-justícia.cat son en catalán. ¿Por qué? "Se trata de hacer un cambio de chip mental y darse cuenta de que vivimos en Catalunya, tenemos una lengua propia oficial y, por lo tanto, todo el derecho —y el deber— de trabajar haciendo uso íntegro de ella", argumenta Rogeli Montoliu, presidente de la Sección de Lengua del CICAC.
Montoliu es uno de los artífices del portal web compendium.cat, un catálogo de recursos lingüísticos gratuito y en línea que aglutina de forma ordenada y actualizable más de 700 recursos de lenguaje jurídico catalán, como bases de datos terminológicas, manuales de estilo o formularios jurídicos, entre otros. El compendium.cat no es la única herramienta para acercar el catalán al lenguaje jurídico, estudiado casi siempre íntegramente en castellano en la universidad; desde el 2017, por ejemplo, se ofrece la posibilidad de hacer el curso de nivel C1 o de lenguaje jurídico mediante un módulo práctico de utilización del catalán en el puesto de trabajo. Aparte, con el fin de cortar de raíz la problemática del alto número de jueces y juezas llegados de fuera de Catalunya sin dominio del catalán, el Departamento de Justicia abrirá a partir del último trimestre de este año una convocatoria de becas para fomentar que los estudiantes catalanes opositen a jueces, fiscales o letrados, con una inversión total de 600.000 euros anuales para 50 becas. "Que muchos jueces no entiendan el catalán no es el problema, sin embargo; el problema es que muchos abogados creen que hablar en catalán a un juez español es de mala educación, cuando en realidad lo que es de buena educación es respetar nuestra lengua y hacer que los que vienen de fuera la puedan aprender y querer", opina Montoliu, que ya hace años que decidió "trabajar siempre únicamente en catalán". De momento el suyo es un caso testimonial, sí, pero casos como el de él pueden dejar de hacer que el catalán sea un testigo testimonial en el mundo de la justicia, nunca mejor dicho.