"Que quede muy claro, este protocolo no se ha aplicado. En el caso que nos ocupa ha fallado estrepitosamente la aplicación del protocolo del 2006". Más contundente que nunca y visiblemente enfadado, el Síndico Rafael Ribó ha expuesto que el protocolo marco de actuación en casos de abusos a niños no se tiene que reponer a raíz del caso Maristas, porque sencillamente no se ha aplicado. Ha reñido a las instituciones implicadas a hacerlo funcionar porque no lo activaron y había motivos, en diferentes ámbitos, que daban señales suficientes para actuar. Según Ribó, hubo descoordinación y los departamentos no se comunicaron entre ellos.

El Síndico de Agravios se ha reunido este martes con la consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz; el director general de la Policía, Albert Batlle, el fiscal coordinador en materia de menores, Martín Rodríguez Sol, el magistrado del Audiencia de Barcelona Josep Grau, experto también en temas de menores, y el subdelegado de la delegación del Gobierno en Cataluña, Emilio Ablanedo. También había representantes de los departamentos de Salud y Justicia. En lamesa había sentados los responsables de la dirección general de Ejecución Penal a la comunidad y Justicia Juvenil, Pilar Heras, el director general de la DGAIA, Ricard Calvo y su subdirector, Joan Mayoral. A todos les ha exigido "más actuación y coordinación entre las instituciones para evitar hechos como el de la escuela Maristas".

Tenemos que ser capaces de prevenir, ante posibles maltratos; tenemos que ser capaces de descubrir a tiempo acontecimientos como estos y combatir cualquier ocultación o silencio vergonzante, culpabilizando e hiriente. Y tenemos que activar todo el necesario para el interés superior del menor", ha sentenciado Ribó en la comparecencia posterior a la reunión, donde ha expuesto las medidas que hay que aplicar a partir de ahora.

El síndico no cierra el caso, sigue investigando de oficio y, en el informe que ha hecho público hoy, pide que se revise la actuación del centro docente y su actuación con relación a los hechos y que adopte las medidas que prevé el marco normativo. También pide que se investigue si hay otros alumnos o exalumnos a afectados y ofrecerlos asesoramiento y asistencia.

El síndico ha cargado duramente contra la dirección de la escuela de los Maristas Santos-Les Corts. De hecho la hace responsable de no destapar el caso. "La escuela no explicó a la dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescència (DGAIA) el caso. La escuela ocultó, primero a las autoridades responsables sobre el tema, y en segundo lugar a la misma comunidad educativa el problema con el cual se habían encontrado. Lo ocultó a la familia y a otros profesionales", sentencia Ribó.

Proteger al menor por encima de todo

Según el decreto 279/2006 de derechos y deber del alumnado, la escuela tiene que avisar si tiene sospechas de situaciones graves y con certeza de diagnóstico. En este caso la situación venía directamente por boca de las familias que denunciaron el caso y se trasladó a la fiscalía de menores. Aunque acabara archivado la escuela tenía la obligación de alertar al departamento de Ensenyament i aquest a la DGAIA.

No tiene nada que ver si el centro es privado, concertado o público. Por encima de todo hay los derechos de los menores y su protección y si hay constancia de cualquier abuso o maltrato, había que avisar. La dirección de los Maristas se ha justificado siempre diciendo que no tenía la obligación de avisar la conselleria de Ensenyament porque era una escuela concierta, no pública. También se pega al hecho, de que en el caso del 2011, que según el centro es el primero de lo que se tiene conocimiento, la dirección despidió al monitor, a pesar de nunca confesara los hechos.

Rafel Ribó se ha mostrado implacable en este punto: "Es inaceptable que argumenten que la escuela es concertada. El protocolo los obliga todos. Sobre todo, y por encima de todo, la protección de los menores es universal". Muy enojado, el Síndico ha concluido: "Y que sea la última vez que se argumenta que no se obligatorio".

Según el síndico, la actuación de la escuela dejó desprotegido el interés superior del menor con la decisión de la Fiscalía de pedir que se archivara el caso. También ha pedido en la Fiscalía que argumente su decisión de pedir al juez que archivara el caso y no continuara con la investigación.

La responsabilidad del Gobierno

El Síndico no ha dejado a nadie impune. Ha criticado la gestión de todos los departamentos que tendrían que haber hecho funcionar el protocolo: Enseñanza, Dirección de Atención a la Infancia y la Adolescencia, Interior e incluso la Fiscalía. El máximo responsable, sin embargo, es el departamento de ensenyament: "Quien firma el protocolo es el departamento de enseñanza. Y es el responsable"

"Los errores del Gobierno: No habido coordinación, ni transversalidad," ha sentenciado Rafel Ribó mientras sacaba la lista de errores en cadena que habido en el caso Maristas.

La escuela no avisó la DGAIA, pero los Mossos tampoco avisaron la este departamento cuando la escuela se negó a darles información y el juez archivó el caso. La fiscalía, tampoco comunicó, como dice el protocolo, los hechos al Gobierno aunque el caso no tuviera continuidad penal.

El síndico mantiene que un Gobierno "es un colectivo que tiene que llevar el timón de la nave y en protección de menores los departamentos no tienen que ser nada más que instrumentos" para protegerlos y que el ejecutivo catalán no ha hecho el trabajo. En este sentido, el artículo 93 de la ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, prevé la creación de un centro específico de atención del Gobierno para casos como el de los Maristas que no se ha llegado a crear nunca.

Para Rafel Ribó, más allá de los protocolos y hace referencia a los "derechos elementales y potentes de la protección de los infantiles tal como describe la convención internacional, cómo lo hacen las leyes y el sentido común."

Desconocimiento y poca formación

Para el Síndico hay dos hechos clave donde se encuentra la explicación de porque no se ha aplicado el protocolo. El desconocimiento del mismo y la poca formación que hay en todos los departamentos en materia de menores al mismo tiempo de aplicar las medidas. "El tema grave, no es que se hubiera escondido por parte de un departamento, sino que pasen cosas como esta, y que como no hay formación ni convicción que aquello es obligatorio".

Ribó ha emplazado de nuevo a todos los departamentos el 17 de marzo. Se los ha encargado que revisen qué ha fallado en cada uno de ellos y se ha comprometido a seguir buscando más información con el objetivo de poder contribuir a reparar los errores más importantes que se ha detectado en el caso Maristas.

Un protocolo de hace 10 años

El 10 de septiembre del 2006 se firmó el Protocolo marco de actuaciones en casos de abusos y otros maltratos graves a menores" impulsado por el Síndico. El nuevo texto, que actualizaba uno del año 1999, orienta la revisión de los protocolos ya existentes a las diferentes demarcaciones de Cataluña.

El protocolo lo firmaron el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Maria Eugènia Alegret, el fiscal jefe, José Maria Mena, el conseller de la Presidencia y portavoz del gobierno, Joaquim Nadal, el conseller de Justicia, Josep Maria Vallès, la consellera de Interior, Montserrat Tura, el conseller de Educación y Universidades, Joan Manuel del Pozo, la onsellera de Salud, Marina Geli, la consellera de Bienestar y Familia, Carme Figueras y el síndico de agravios,Rafael Ribó.

La finalidad del protocolo era asegurar una coordinación eficaz entre las diferentes administraciones implicadas y favorecer, sin merma de las garantías procesales, asistenciales y de protección, y de acuerdo con la legislación actual y con respeto a la independencia del poder judicial, que las actuaciones que se lleven a cabo hacia el niño tiendan a ser sólo las estrictamente necesarias con el fin de evitar la repetición de diligencias, declaraciones y exploraciones del menor.