La nueva consellera de Interior y Seguridad Pública del Govern de Catalunya, Núria Parlon, ha participado este jueves, al día siguiente de la Diada nacional, en su primera junta local de seguridad de un municipio que no es el suyo. No se ha movido mucho, ya que ha ido hasta Montcada i Reixac, cerca de Santa Coloma, y ha presidido la reunión junto con el alcalde del municipio, Bartolomé Egea, y el delegado del gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto. Esta reunión se ha celebrado tres días después del fatal accidente que costó la vida a Olga, una chica de 17 años que el lunes por la tarde fue atropellada por un tren de la línea R11 en su paso por este municipio del Vallès. La joven cruzó con la barrera bajada y pasó después de un tren, sin ver que venía otro, que fue el que la golpeó y mató. La muerte de esta chica es la número 182 por atropellos en Montcada i Reixac, municipio que lleva más de 40 años reclamando el soterramiento de las vías.

Aunque las obras han comenzado, durarán años, y la reunión ha servido para buscar soluciones de seguridad. Entre las opciones que se han puesto sobre la mesa, destaca la posibilidad de poner agentes cívicos en los pasos y realizar campañas educativas dirigidas a niños y personas mayores para concienciar sobre los riesgos de cruzar las vías con el semáforo en rojo, ha asegurado la consellera después del encuentro.

Ocupaciones, una problemática en todo el país

En la reunión, que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac, también se han abordado otras problemáticas que cada día se encuentran las fuerzas de seguridad, sean las policías locales o los Mossos, como las ocupaciones que se convierten en puntos conflictivos y que degeneran en problemas de inseguridad e incivismo, un problema que afecta a muchos barrios de Catalunya. La consellera Parlon ha dicho que los Mossos d'Esquadra colaborarán con las policías locales y también actuarán de manera diligente en los desalojos exprés, cuando las ocupaciones son flagrantes, es decir, que pueden ser detectadas cuando acaban de ocurrir y antes de que los ocupas puedan constituir domicilio en la vivienda usurpada. Con la ley en la mano, si se detecta antes de que los ocupas puedan acreditar que la han convertido en su casa —las primeras horas son clave—, las fuerzas policiales pueden actuar y denunciar a los ocupas por un delito leve de usurpación de inmueble y, lo más importante, devolver la vivienda a sus legítimos propietarios.

Hasta ahora, se asegura desde Interior, los Mossos d'Esquadra eran más reticentes a actuar así por falta de apoyo político, y en muchos municipios, como Santa Coloma, de donde era alcaldesa la consellera, o Badalona, donde gobierna Xavier García Albiol (PP), los dos cuerpos de policía local actuaban con más contundencia contra este tipo de delitos. En Badalona se redactó un protocolo para dar seguridad jurídica a los agentes de la Guardia Urbana y en Santa Coloma el consistorio dotó a la USIR, una unidad de apoyo policial, de herramientas pioneras para poder actuar abriendo puertas y realizar desocupaciones exprés.

La recepta Santa Coloma contra las ocupaciones

La consellera ha explicado que ahora se quiere aplicar la receta que ella ha llevado a cabo en Santa Coloma de Gramenet a toda Catalunya, y sobre todo, en esas zonas más tensionadas en cuanto a vivienda, para evitar que estas ocupaciones, que muchas veces se convierten en focos de inseguridad, se enquisten y hagan la vida imposible a los vecinos. Compañeros de Parlon, de su mismo partido, el PSC, en campañas electorales municipales habían incluso hablado de la posibilidad de crear unidades especiales de la policía para atacar esta problemática, una medida que por ahora no está sobre la mesa.

La contundencia de los Mossos contra estas ocupaciones —que no tienen nada que ver con ocupaciones sociales— fue también el núcleo de la primera reunión que la consellera Parlon mantuvo con los mandos de los Mossos d'Esquadra, jefes de las regiones y de las comisarías generales, la semana pasada en Egara, en la sede central de los Mossos d'Esquadra. Además de las ocupaciones, también se puso sobre la mesa la necesidad de luchar contra la proliferación del uso de armas blancas en Cataluña. Se espera que, en el caso de las ocupaciones, durante los próximos días, el comisario en jefe, Miquel Esquius, dé instrucciones sobre cómo actuar, en la línea planteada por la consellera de Santa Coloma.