El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha presidido este jueves el acto de constitución de la Mesa del Pacto Nacional por la Justicia, en un acto en el Palau de la Generalitat. Junto con el Govern, la Mesa está integrada por representantes de una sesentena de entidades y organizaciones del mundo político, jurídico, económico y social catalán. El reto es conseguir "un modelo de Administración de Justicia propio, moderno y ágil que sitúe la ciudadanía en el centro". Se tendrán que arremangar: La Administración de Justicia está a la cola de los servicios públicos en el uso del catalán como lengua de atención y de resoluciones judiciales. También sufre una estructura obsoleta y sin recursos, donde la Generalitat tiene las competencias traspasadas con respecto a los edificios, pero no de los funcionarios, que son plantillas estatales, desde los jueces a los tramitadores.
Desde el Govern se informa de que durante este año se harán los trabajos para las propuestas de mejora del servicio público de justicia y, a principios del 2023, se firmará el Pacto Nacional por la Justicia, un documento final y único que recogerá los compromisos adquiridos entre todos los actores sociales de Catalunya.
El president Aragonès cita los retos
Para conseguir esta transformación, el president ha apuntado la necesidad de trabajar en tres factores esenciales: el impulso de la digitalización, el fortalecimiento de la mediación y el progreso de la lengua catalana en el ámbito de la justicia. "Digitalización, mediación y justicia en catalán son algunos de los elementos que jugarán un papel neurálgico en el Pacto Nacional y que tienen que servir para mejorar la proximidad y la agilidad de la administración de justicia", ha asegurado.
En el caso de la lengua, Aragonès ha destacado que "una justicia de proximidad también tiene que ser una justicia que utilice mucho más la lengua propia del país", teniendo en cuenta que el uso del catalán en los procedimientos judiciales ha ido disminuyendo. "Hoy menos del 7% de las sentencias que se dictan a los juzgados de Catalunya son en catalán", ha explicado Aragonès, un porcentaje "insuficiente" que "puede dar la sensación que el catalán es una lengua ajena a la administración de justicia, y no tiene que ser así". Por eso, ha apuntado que "asegurar una justicia donde el catalán tenga una presencia plenamente normalizada es uno de los grandes ejes de trabajo del Pacto".
Con respecto a la mediación, el presidente ha reivindicado la importancia de que "se potencie, se refuerce y se pongan todos los recursos" en este instrumento, ya que "permite liberar de una parte de la carga probablemente excesiva que tienen los tribunales", y además "ayuda a trabar buenos acuerdos porque no son impuestos".
Por su parte, la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha subrayado: "la consecución del Pacto Nacional por la Justicia es una oportunidad para abordar una transformación que nos permita tener más voz a la hora de emprender las reformas necesarias para adaptar el modelo a los nuevos tiempos." Un pacto ha añadido, que "tiene que permitir avanzar hacia la construcción de un modelo de administración de justicia genuinamente catalán, moderno y que ponga la ciudadanía de Catalunya en el centro".
Los integrados del Gobierno
Por parte del Gobierno, a más de Aragonès que ejerce la presidencia, también participarán en la Mesa: el vicepresidente del Gobierno y Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró; y los consellers y consellers de la Presidencia, Laura Vilagrà; de Justicia, Lourdes Ciuró; de Economía y Hacienda, Jaume Giró; de Investigación y Universidades, Gemma Geis; de Salud, Josep Maria Argimon; y de Derechos Sociales, Violant Cervera.
Siete grupos de trabajo
El Govern explica que los grupos de trabajo tienen la función de elaborar la diagnosis y las propuestas de cada uno de los ámbitos de la Justicia y presentarlas posteriormente en la Mesa, que las tendrá que validar para que puedan ser incluidas a la propuesta de Pacto Nacional por la Justicia.- La Mesa se reunirá tres veces en todo el proceso, mientras que los grupos de trabajo, como mínimo, una vez en el mes, a partir del mes de septiembre y durante el primer semestre de 2023.
Se detalla que los grupos de trabajo son 7 y tratarán ámbitos diversos como: la orientación y asistencia jurídica gratuita, la atención a la víctima del delito, la modernización y digitalización de la Administración de Justicia, la mediación y la resolución alternativa de conflictos, la promoción del uso del catalán, y las competencias y gobernanza. Se informa de que los temas de género y de formación se tratarán de manera transversal en los diferentes grupos de trabajo.