El equipo jurídico de la reconocida revista satírica Mongolia ha comparecido ante el juzgado de instrucción 12 de Barcelona para pedir que se archive la causa impulsada por la asociación Manos Limpias, en la cual se denuncia un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por una portada de la revista que mostraba una ilustración del niño a Jesús convertido en un excremento. Después de su declaración, uno de los editores de la revista, Pere Rusiñol, ha explicado que la jueza se ha interesado por saber si la publicación tenía la intención de "vejar personalmente" u "ofender a un colectivo".
Durante la comparecencia, Pere Rusiñol ha defendido la naturaleza satírica de la revista, basada en información y crítica social, y ha remarcado que "ningún colectivo queda exento de la crítica social", citando ejemplos de los colectivos ultracatólicos que han atacado a los colectivos feministas y LGTBI. Rusiñol ha afirmado que Mongolia está protegida por el derecho a la libertad de expresión dentro del ordenamiento jurídico europeo y ha manifestado su confianza en que la justicia archivará el caso.
Además de intentar que se archive la causa, Mongolia está considerando presentar una querella contra los colectivos que presentaron la denuncia, acusándolos de intimidación para limitar la libertad de opinión. Los editores han expresado su determinación de seguir publicando una revista que representa valores liberales en sociedades democráticas, donde la libertad de expresión y el pluralismo son fundamentales. Por otra parte, el editor Darío Adanti, también denunciado por el mismo caso, tenía que comparecer telemáticamente desde Madrid, pero esta declaración ha sido aplazada a causa de un problema logístico de un requisito jurídico.
Coincidiendo con la declaración, Amnistía Internacional ha reclamado una modificación “urgente” del Código Penal para atentar contra la libertad de expresión e ir contra los estándares internacionales de derechos humanos. “Esperamos que la denuncia no tenga mayor recorrido judicial. El delito de ofensa contra los sentimientos religiosos tendría que desaparecer de una vez del Código Penal”, han destacado. Amnistía ha considerado que el hecho que el contenido de una publicación pueda “no gustar” a una parte de la población no lo convierte en delito.