Sigue el capítulo de despropósitos que rodean el robo de cobre que el pasado domingo, 12-M, durante la jornada electoral, dejó sin servicio la totalidad de Rodalies y encendió una crisis institucional entre el Govern y el Gobierno de primer orden, con intervenciones incendiarias del ministro de Transportes, Óscar Puente, contra los Mossos d'Esquadra, a quienes acusó de ineficaces. Desde la parte catalana se defendió el trabajo de la policía y se apuntó a Adif por la falta de protección de las zonas donde se robó el cable de cobre. Hoy el juzgado de Cerdanyola del Vallès que recibió la denuncia de Adif ha dicho que no lo investigará y que, haciendo caso a los Mossos, que dijeron el mismo domingo que el corte se había hecho en Barcelona, le toca a un juzgado, según el turno de guardia, asumir la investigación de este hurto de cobre que días después todavía colea.
Del auto del juzgado de Cerdanyola, redactado después de recibir el informe de los Mossos y de la Unidad de Investigación de la región de Barcelona, el robo que Adif aseguró que era de 40 metros, en realidad, fue de 120 metros, y el corte del cable fue en la ciudad de Barcelona.
El informe que desmonta la versión del ministro Puente
La jueza Laia Aubareda pidió este informe a la policía catalana para saber dónde fue el robo y este miércoles los Mossos d'Esquadra le devolvieron toda la documentación recogida desde el mismo día 12 y explicando que, desde el primer día, se investiga como un robo y que el robo no es de 40 metros, tal y como dijo el ministro Puente para sembrar duda y abrir la puerta a un posible sabotaje, y se asegura de que con el corte detectado se generaron varios incendios en otros puntos de la red ferroviaria de Adif, causando el caos de Rodalies, que a día de hoy todavía dura.
Con todos los datos recogidos por los Mossos en la inspección ocular que se hizo en el punto del corte del cableado y también en otros puntos de la red, donde se detectaron los incendios, y también el informe que detalla que en el punto donde los ladrones accedieron, a pesar de ser un sitio crítico, no había cámaras de seguridad, los investigadores de la policía catalana tienen claro que se trata de un robo y, por lo tanto, descartan, a estas alturas, y a la espera de las otras diligencias que pueda ordenar el juez que acabe asumiendo la causa, que se trate de un sabotaje. La investigación ahora tendrá que seguir bajo la tutela del juez de Barcelona que toque y, según parece, con el liderazgo de los Mossos d'Esquadra, a pesar de que el Gobierno había intentado evitarlo y que fuera la Guardia Civil quien llevara el caso.