El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell tiene que afrontar dos juicios casi seguidos. Este lunes, en el juzgado de lo Penal 2 de Barcelona, el fiscal ha mantenido la petición de dos años y nueve meses de prisión y que pague una multa de 300.000 euros para Rosell por haber defraudado 230.591 euros a Hacienda en el 2012, mientras dirigía el club azulgrana. En las conclusiones, el fiscal solo ha rebajado en unos 200 euros la cuota defraudada. El verano del 2019, Rosell ingresó en las arcas públicas la cuota defrauda más los intereses, y por eso la fiscalía le rebajó la petición de pena al apreciar la atenuante de reparación del daño. En abril del 2019, el expresidente azulgrana fue absuelto de organización criminal y blanqueo de capitales por la Audiencia Nacional, después de pasar cerca de dos años en prisión preventiva, acusado de ayudar a blanquear comisiones por la retransmisión de partidos de la selección brasileña de fútbol y por el contrato de esponsorización con Nike.

En el juicio, de este lunes, Rosell, defendido por Pau Molins y Diego Artacho, se ha acogido a su derecho a no declarar y ha afirmado que "se ratifica en todo lo que dijo" en el juzgado de instrucción". El fiscal Pedro Castro ha asegurado que Rosell "jugó para no pagar impuestos", ni el IRPF, ni el impuesto de sociedad del 2012 de la empresa TOC, donde él era administrador único. "Su actitud fue espuria y usó un artificio engañoso para no tributar. Con TOC, Rosell abusó de la persona jurídica cuando tenía que tributar por su actividad de asesoramiento", ha manifestado el fiscal, en su informe final, este lunes por la tarde.

Por el contrario, Pau Molins ha asegurado que Rosell fue perseguido por Hacienda desde que accedió a presidir el Barça, en 2010. "Nunca había tenido ningún problema hasta que accedió al Barça. Rosell ha sido maltratado por la justicia. No hay independencia judicial", ha sostenido el abogado. Ha añadido que ahora se ha sabido que se le quería perjudicar al hacerse públicos los audios del comisario Villarejo, del cual ha asegurado que se han querellado. Molins ha preguntado: ¿"Donde está el engaño? Lo que ha hecho Rosell es perfectamente legal sobre las sociedades unipersonales. No ocultó ni simuló nada. No hubo dolo." Por todo esto pide la absolución de Rosell.

La acusación de la Fiscalía

En concreto, la fiscalía afirma que Rosell desarrolló el grueso de su actividad profesional a través de una empresa, con el nombre TOC, que, en realidad, "no tenía estructura de la empresa" para prestar los servicios. El año 2012, según la fiscalía, constaban como trabajadores cinco personas que realizaban trabajos de mantenimiento y limpieza en las oficinas y en una masía en el Empordà, que es la segunda residencia de Rosell. El expresidente del Barça "se sirvió" de TOC para "obtener rentas que no declaró" en el IRPF. Según el relato del fiscal, Rosell se dedujo como gastos más de 48.000 euros en facturas emitidas por la consultora KMPG por el asesoramiento sobre cuestiones de fiscalidad internacional, de que no tenían relación con la actividad económica de la empresa. También se dedujo 1.500 euros de pagos con una tarjeta de crédito.

Sandro Rosell, en la sala de vistas del juzgado de lo penal 2 de Barcelona, este lunes. / FOTO: M.P.

Declaran testigos

En el juicio, el fiscal Pedro Castro ha hecho incisivos interrogatorios a cuatro empresarios, que pagaron servicios a la empresa TOC de Sandro Rosell. Uno de los testigos ha cambiado parcialmente su declaración y ha asegurado que, además del contrato de alquiler de oficinas, pagaba a TOC por su asesoramiento y ponerlo en contacto con otras personas de negocios, en encuentros en la masía del Empordà. “Pagó 35.000 euros a TOC por un asesoramiento?”, le ha preguntado el fiscal, y el empresario ha respondido: “Sí, era un contrato para 4 años y una gestión comercial”. 

También han declarado, como testigos, la responsable de la limpieza y la administrativa de TOC. Un inspector, por su parte, ha asegurado que en la empresa de Rosell "todo estaba pensado para ignorar la tributación". Por el contrario, Artacho ha afirmado que "no había ocultamiento en los gastos de TOC". El abogado ha insistido a cuestionar la tesis de la fiscalía y los gastos para rebajarlos a 120.000 euros, cuota límite para derivar una irregularidad fiscal a la vía penal.

El segundo juicio, el caso Neymar

El segundo juicio que tiene que afrontar Sandro Rosell es relacionado con el contrato de Neymar, actual jugador en el París Saint-Germain, y se ha programado que se celebre en la sección 6.ª de la Audiencia de Barcelona la semana del 17 de octubre. En este caso, la fiscalía pide 2 años de prisión para el futbolista Neymar da Silva Santos Júnior y 5 años de prisión para Rosell por los delitos de estafa y corrupción en los negocios por supuestamente haber simulado contratos para no tener que pagar a un fondo los derechos económicos de los derechos federativos por su transferencia. El Barça también es acusado como persona jurídica y la fiscalía solicita que pague más de 8 millones de euros de multa, como también el club del Santos. Por el contrario, la fiscalía pide el archivo de la acusación para Josep Maria Bartomeu, que entonces era vicepresidente, y firmó dos de los seis contratos.

En el escrito de acusación, la fiscalía expone que Rosell, como presidente del FC Barcelona empezó las negociaciones para fichar Neymar en el 2011, cuando jugaba al Santos FC, donde tenía un contrato hasta el 2014 con una cláusula de rescisión de 65 millones. Añade que Rosell y el padre de Neymar, que representaba al jugador y a quien la fiscalía también le pide 2 años de prisión, acordaron que el Barça pagaría más de 40 millones al jugador para asegurarse su fichaje en el 2014, y que le anticiparía 10 millones y que se tenía que volver si incumplía el acuerdo. Firmaron hasta seis contratos con mejoras económicas para el jugador. El fondo O1S tenía el 40% de los derechos de Neymar y recibió este porcentaje de los 17 millones de euros fijados como el precio de la transferencia de derechos federativos, es decir, 6,8 millones. El fiscal, pero, sostiene que el Barça pagó al Santos 25 millones por el traspaso y, por lo tanto, el fondo tiene que ser indemnizado con 3,2 millones.