El expresidente del Barça, Sandro Rosell, ha interpuesto una demanda de responsabilidad patrimonial en la que reclama 29.754.465,02 euros por haber estado dos años en prisión preventiva bajo acusaciones de las que fue absuelto. Su reclamación será repercutida —pide el exdirigente azulgrana— directamente a los funcionarios públicos —juez, policías y fiscales— que procedieron a su arresto.
A Rosell se le atribuyó el cobro y blanqueo de comisiones ilegales por la gestión de los derechos audiovisuales de la Confederación Brasileña de Fútbol. De tener éxito en su demanda, la intención de Rosell es descontar los gastos jurídicos y logísticos generados y donar el resto a causas benéficas, como ha hecho con los derechos de autor del libro sobre su paso por la cárcel, Un fuerte abrazo.
Qué incluye la indemnización?
Rosell desglosa la cifra que reclama como indemnización subrayando, en primer lugar, el daño reputacional que ha sufrido, por el que exige 405.000 euros. Por su parte, el daño psicológico lo cuantifica en 200.000 euros, y pide por el afectivo 320.000 euros. Asimismo, reclama la cantidad de 28.062.950 euros en concepto de lucro cesante derivado de la pérdida de negocios que sufrió por su ingreso en la prisión de Soto del Real acusado de lavar 20 millones de euros en comisiones ilícitas vinculadas con los derechos audiovisuales de 24 partidos de Brasil. Por último, exige que se le compense por un daño emergente, es decir, vinculado a los gastos derivados de su permanencia en prisión. En este apartado demanda la suma de 766.465,02 euros.
Informe pericial
La reclamación judicial, a la que ha tenido acceso El Mundo, ha sido elaborada por el departamento de derecho administrativo del bufete barcelonés CMS Albiñana & Suárez de Lezo, el bufete de derecho penal Maluenda y la abogada in-house del exmandatario azulgrana.
Para llevar a cabo el cálculo de la reclamación, Rosell ha recurrido además a un informe pericial confeccionado por un catedrático de economía de la empresa así como a un informe de perjuicio patrimonial de una consultora especializada en comunicación. En la reclamación judicial sostiene que las cifras "responden a parámetros de justicia y se han determinado con rigor, asumiendo criterios jurisprudenciales actuales y de prudencia".
Destaca que renuncia a reclamar "por aquellos conceptos indemnizatorios que no reúnen todos los requisitos formales para poder ser resarcidos". Es el caso, por ejemplo, de "la pérdida de un cuantioso contrato que se encontraba pendiente de firmar en el momento de la detención".