El exconseller Santi Vila ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción oscense una ampliación de un mes de plazo que se le dio para abonar la fianza de 216.000€. Esta le fue impuesta para hacer frente a sus posibles responsabilidades por|para su negativa a cumplir con la sentencia que ordenaba la devolución de los bienes del Monasterio de Sijena.

En su escrito el representante legal del exconseller, a quien la jueza dio un día de plazo para pagar la fianza en un acto fechado el pasado 5 de diciembre, se ampara en la "imposibilidad económica" de su cliente para hacer frente al pago y a los trámites y gestiones llevados a cabo para consignar, "cuanto antes mejor", el importe requerido.

Tanto Villa como su sucesor en el cargo, el exconseller Lluís Puig, huida de la justicia española por su participación en el procés y a quien la jueza le requiere una fianza de 88.000 euros por estos mismos hechos, se enfrentan a peticiones penales por parte de la fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Vilanova de Sixjna para desobedecer la orden judicial de entrega.

En su escrito, el letrado de Vila solicita la ampliación en un mes del plazo dado, "en previsión que los mencionados trámites y gestiones pudieran alargarse en el tiempo y en el objeto de evitar lo que podría suponer en su economía personal que se acuerde el embargo indiscriminado de sus bienes".

Santi Vila recurrió a la Caja de Solidaridad para solicitar el pago de la fianza impuesta para no entregar las 44 piezas depositadas en el Museo de Lleida cuya entrega le ordenó el juez, aunque las negociaciones no han dado resultado, según fuentes jurídicas. No obstante, el exconseller Lluís Puig ya habría abonado la cantidad reclamada, a pesar de que sin precisar la procedencia del importe requerido por la magistrada.

La decisión de la Fiscalía

El representante legal de Sijena, el letrado Jorge Español, ha explicado que un mes y medio después de hacerse público el auto que obligaba a Vila a abonar la fianza en el plazo de un día, el consistorio ha solicitado el embargo de sus bienes. No obstante, la jueza ha dado un plazo de tres días en la Fiscalía oscense para que se pronuncie en relación a la petición de Santi Vila, antes de tomar una decisión definitiva.

En su decisión de apertura del juicio oral por estos hechos, la magistrada atribuye a Vila un delito por presunta desobediencia a la autoridad judicial y otro por usurpación de atribuciones judiciales, mientras que en Puig sólo lo responsabiliza el primero de los delitos.

Los hechos juzgados tienen su origen en la decisión de los dos exconsellers de no cumplir con la sentencia dictada en abril de 2015 por un juzgado oscense que declaraba nulas las compraventas de bienes del monasterio por la Generalitat (1983 y 1992) y por el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y ordenaba la devolución de las piezas.

Según la fiscalía oscense, los dos consellers incurrieron en una presunta desobediencia al negarse a volver las piezas requeridas, pero Villa, en más, en una usurpación de atribuciones judiciales al dictar una orden para no autorizar la salida del Museo de Lleida de los bienes que tenían que retornar en el monasterio.

En su escrito de calificación provisional de los hechos, el ministerio público solicita dos condenas de 11 meses de multa a razón de 18 euros diarios (5.940 euros) para los mencionados exconsellers, así como el pago de los costes causados al Gobierno aragonés por el traslado.