El portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha anunciado que la huelga del pago de los alquileres se pone en marcha en pisos de Salou (Tarragonès) y de El Vendrell (Baix Penedès), donde ya se han dejado de pagar dos meses, y en Sentmenat (Vallès Occidental) se espera que se inicie la huelga el 1 de marzo del 2025. Los bloques, precisan, son de Inmocaixa. "Empieza la ya anunciada revuelta de las llaves", ha aseverado este miércoles el portavoz en rueda de prensa, conjunta con dos inquilinas de los bloques en huelga, Kika Aguilera y Marta Carrillo. A partir de hoy mismo, los convocados iniciarán a una serie de asambleas en bloques de vivienda protegida de Inmocaixa para ampliar el número de huelguistas. Se aprobará en cada caso cuando se consiga un 25% de adhesión de los vecinos de cada bloque. Aragonès ha explicado que este miércoles por la tarde también se arrancará una campaña "puerta a puerta" con "unas brigadas inquilinas" por 500 pisos de Barcelona donde sospecha se puede iniciar una huelga de alquileres. Son fincas que, según ha precisado, han contactado con la organización y que sufren "algún tipo de abuso".
El Sindicat justifica la huelga por las cláusulas "abusivas" en vivienda de protección oficial y el portavoz ha hecho énfasis en el hecho de que son "los primeros pasos de un movimiento huelguista" que surge después de la manifestación del 23 de noviembre a Barcelona. La medida quiere forzar la adquisición por parte de la Generalitat de todas las promociones de vivienda protegida de InmoCaixa, la mejora de las condiciones de los contratos de alquiler con precios "adaptados a las capacidades económicas de las familias" y anular todos los desahucios previstos, así como realojar todos los ya desahuciados. "Este acto de desobediencia consiste en la retención del pago del alquiler como medida de fuerza, presión y negociación", a la vez que señalan que se trata de una acción colectiva que requiere acompañamiento y organización.
El edificio de Salou tenía condición de vivienda de protección oficial hasta 2022, y se trata de uno de los bloques que la Generalitat ha adquirido recientemente. Kika Aguilera ha explicado que después de cuatro años de lucha "se ha conseguido que el Incasòl haya comprado" el bloque y espera que "haga contrato" a los inquilinos. Según ha detallado la vecina, ya han devuelto los dos últimos recibos que pagaron a InmoCaixa por el cobro "fraudulento" del Impuesto de Bienes inmuebles (IBI) y en solidaridad con el inicio de la huelga. En concreto, 23 de los 37 inquilinos han devuelto el recibo, de un bloque que tiene hasta 80 viviendas, de las cuales la mitad están vacías. Por otra parte, un grupo de seis familias de una finca de El Vendrell se ha sumado a la huelga, también por el cobro del IBI. Aragonès ha calculado que esta suspensión suma un total de unos 20.000 euros y ha recordado que hay sentencias del Tribunal Supremo que declara "ilegal" el pago de esta tasa a cargo del inquilino en vivienda protegida.
En cuanto al bloque de Sentmenat, la vecina Marta Carrillo ha explicado que han decidido en asamblea que dejarán de pagar el alquiler el próximo 1 de marzo si el 25% de las inquilinas se suman a la huelga. El alquiler no se pagará a InmoCaixa, sino que se podrá en una cuenta mancomunada, y en la primera asamblea han participado unos 30 pisos de los 147 que tiene la promoción de alquiler protegido. Han empezado un registro de huelguistas para animar al resto de los vecinos, que piden que "se renueven los contratos sin cláusulas abusivas y con precios adecuados a la capacidad económica de las familias". Carrillo ha dicho que llevan "años de acoso inmobiliario en forma de precios abusivos, falta de mantenimiento de los edificios y más de 16 cláusulas abusivas" en contratos con personas que "cumplen los requisitos de VPO". Ha señalado también que "todas las vecinas están en riesgo de desahucio".
Denuncian el "lucro privado con fondos públicos"
El portavoz del Sindicat de Llogateres ha exigido que el Incasòl compre la totalidad de las 38 promociones de InmoCaixa que están en riesgo de "perder la calificación de VPO" y así la Generalitat "se asegura la incorporación de vivienda en el parque público". Se trata de unos inmuebles que se construyeron entre 2002 y 2011 en una colaboración público-privada y que inicialmente eran propiedad de La Caixa pero bajo régimen de VPO. Una calificación que, según ha indicado Aragonès, tenía dos fases, en una primera (entre 10 y 20 años) se tenía que alquilar a personas que cumplían requisitos de vivienda social y en una segunda, se liberaba con varios precios y también se podía comprar el piso. En esta línea, el portavoz de la plataforma ha criticado que "en las últimas semanas" se hayan hecho anuncios de los gobiernos catalán y español y el Ayuntamiento de Barcelona sobre VPO, pero "no se conocen los detalles". Aun así, ha defendido que "parecen dibujar un modelo de VPO concertado, que solo ha garantizado el lucro privado con fondos públicos".