La Unión de Promotores y Empreses del Vapeig (UPEV) se planta contra la nueva reforma fiscal que aumentará el gravamen impositivo de los productos relacionados con el vapeo, como los cigarrillos electrónicos, vapeadores, líquidos saborizantes, así como las bolsas de nicotina, para equipararlos con el tabaco.

Los representados piden que se bloquee la entrada en vigor de este impuesto que dicen "podría acabar con su negocio" y provocará "un repunte" en el consumo de tabaco. La moratoria, que sería vigente desde el 1 de enero de 2025, sería un impuesto retroactivo que afectaría a los comercios, también en el precio de los productos adquiridos en el régimen actual.

El sector del vapeo advierte que esta equiparación reguladora podría provocar la pérdida de más de 1.000 puestos de trabajo y reducir en un 65% la facturación de las pequeñas y medianas empresas del sector. Consideran que estas cifras "representan una amenaza significativa" para la viabilidad de numerosas empresas y los medios de vida de miles de familias.

El Martes en el Senado se votó una enmienda de Junts que intentaba retrasar la entrada en vigor del impuesto, para ayudar en las empresas parar el golpe, y todo que los independentistas consiguieron el apoyo del Partido Popular para rebajar el IVA de los yogures, en la cuestión de los vapeadores, los populares decidieron oponerse a la prórroga, junto con el resto de la cámara alta.

Previsión que se dupliquen los precios

El gravamen afectará especialmente a los líquidos saborizantes, que primero han estado en el ojo de mira varias veces para estar prohibidos. Según UPEV estos podrían duplicar su precio final para el consumidor. El impuesto gravará entre 0,15 y 0,20 euros por mililitro de nicotina, dependiendo de su concentración, y 0,10 euros por gramo en el caso de otros productos que contengan nicotina.

Por ejemplo, un tarro de líquido de vapeo de 100 ml, que en la actualidad cuesta unos 15 euros, puede pasar a valer 30. Consideran que esta es "una subida de impuestos desproporcionada" que llevará a muchas tiendas especializadas a la quiebra, y que dará alas en el mercado ilegal".

Uno de los focos principales del Gobierno a la hora de regular estos productos es el uso creciente entre los menores de edad. Desde el sector, comparten que se tiene que proteger el menor, por eso han propuesto con anterioridad y sin éxito, crear un sistema de licencias para la venta especializada de productos de vapeo, además de una prohibición de la venta productos de vapeo en espacios de ocio y tiendas de conveniencia. La UPEV también ha propuesto reforzar los sistemas de verificación de edad y control para la venta en tiendas autorizadas.

Rechazada una enmienda para posponer la entrada en vigor del impuesto

Esta misma semana ha decaído una enmienda al Senado sobre el impuesto a los vapeadores que pedía Junts. Los independentistas defendían retrasar hasta julio el aumento impositivo en los líquidos que se utilizan en los cigarrillos electrónicos. La cámara alta ha cerrado la puerta con seis votos a favor, 251 en contra y seis abstenciones.

Los juntaires defendían que un impuesto "no sometido a consulta pública previa que impacta directamente en las operaciones comerciales de todas las empresas de un sector", no permite tener las condiciones apropiadas para "hacer efectivo el impuesto".

Por eso creen, había que ajustar la entrada en vigor del impuesto "a una fecha posterior razonable para permitir a los operadores adaptar sus operaciones a las condiciones que se establezcan por reglamento". También creían que los productos adquiridos en el régimen actual, "no se vean sometidos al nuevo gravamen" y que "solo los nuevos productos comercializados a partir de la entrada en vigor del impuesto entren en el nuevo tipo impositivo", concluyen.

"Vapear no es fumar"

Los representantes del sector piden que se consideren los estudios y opiniones de organismos internacionales independientes que demuestran que el vapeo es significativamente menos nocivo que fumar. Así, regular los productos de vapeo de una manera diferenciada según su perfil de riesgo es esencial para proteger la salud pública y la viabilidad económica del sector. Creen que equiparar las restricciones o los impuestos en los mismos que tiene el tabaco pondrá en peligro más de 650.000 vapeadores adultos que en España han conseguido dejar de fumar con el vapeo.