La jueza del juzgado de instrucción 2 de Esplugues de Llobregat ha ordenado apertura de juicio oral contra la cantante colombiana Shakira por seis delitos contra la hacienda pública. Según el escrito de la Fiscalía, Shakira habría defraudado un total de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. La Fiscalía pide 8 años y dos meses de prisión para la cantante colombiana. También le pide 23,7 millones de euros de multa y 18 años y un mes sin recibir incentivos fiscales. El ministerio público la acusa de simular que vivía fuera de España cuando en realidad ya se habría instalado en Barcelona para vivir con el futbolista del Barça Gerard Piqué. La cantante y la Fiscalía habían negociado un posible pacto, pero finalmente Shakira lo descartó alegando que era "abusivo", que se consideraba inocente y que ya había pagado más de 17 millones de euros a Hacienda para intentar regularizar su situación fiscal.
Hisenda tiene claro que Shakira residía en España
Hacienda considera que Shakira residió todos los días del año en España, muchos más de los 183 establecidos como mínimo para tributar, y por eso tenía la obligación de tributar "por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiera producido y fuera cual fuera la residencia del pagador". También tenía la obligación de tributar por todo su patrimonio, independientemente del lugar en el que se encontrara o donde se hubiera generado. La cantante, según la Fiscalía, era consciente de que tenía que tributar en España, pero utilizó un entramado societario creado años antes y que no modificó sustancialmente con el fin de evadir impuestos. Así, formalmente, eran las sociedades las que figuraban como titulares de las percepciones de las rentas y el patrimonio, en lugar de figurar ella misma, que sólo figuraba en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, donde de forma indirecta iba a parar la mayor parte de la renta, de la cual dispuso en beneficio propio.
El escrito de Fiscalía enumera a 14 sociedades con sedes en Holanda, Malta, Luxemburgo, Islas Vírgenes Británicas, Estados Unidos, Panamá, Islas Caimán, Barcelona y Madrid. Cuatro de estas entidades cobraban los ingresos procedentes de su carrera musical y de publicidad.
Por todo eso, la acusa de seis delitos contra la hacienda pública con el agravante de cantidad y el uso de personas jurídicas interpuestas, por la defraudación del IRPF y el impuesto del patrimonio del 2012, 2013 y 2014. Le pide que devuelva el importe supuestamente defraudado con un recargo de entre el 10 y el 90% según el año y el impuesto. Para el juicio, el ministerio público pide hasta 37 testigos, muchos de ellos del extranjero, y varias periciales de técnicos de Hacienda.