La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, acompañada del adjunto general, Jaume Saura, ha entregado a la presidenta del Parlament, Anna Erra, el Informe anual de la institución. El texto recoge la actividad del Síndic durante el 2023, pero también ha hecho un análisis de los principales problemas de los ciudadanos de Catalunya y de la capacidad de las administraciones para dar respuesta. Durante el 2023, se han dirigido al Síndico 17.992 personas y se han iniciado 21.938 actuaciones, entre quejas, consultas y actuaciones de oficio. Las políticas sociales representan el 43,8% del volumen total —destacan las quejas de educación, de servicios sociales y de salud— y siguen siendo el principal ámbito de intervención. Un hecho que evidencia la dificultad de las administraciones públicas para dar respuesta de manera adecuada a las necesidades de la población. En el campo de las políticas territoriales, se han disparado las denuncias por la frecuencia y calidad del bus interurbano (32,5%) y por la gestión poco homogénea de las tarifas (29,2%).
Cambios sociales de Catalunya
El informe de este año está destinado a abordar los cinco principales cambios sociales que afectan Catalunya y que ponen en cuestión la tarea de las políticas públicas. El Síndic destaca el crecimiento demográfico de Catalunya —8 millones de personas— que ha provocado un aumento de la presión asistencial. Desde el 2000 ha aumentado su población en casi 2 millones de personas. Otro de los cambios es el flujo migratorio, gran parte del crecimiento poblacional es producto de la llegada de migrantes, de hecho, actualmente, el 16,3% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera, por encima de la media estatal (11,7%) y europea (8,4%). Sobre este hecho, el Síndico denuncia que el modelo de integración actual "no garantiza la equidad y cohesión social" que provoca que la población de origen migrante tiene un acceso desigual a las oportunidades de bienestar social. Los datos apuntan que este sector de la población tiene el triple de posibilidad de sufrir riesgo de pobreza, más del doble de tasa de paro y más del doble de dificultad en acceder a la vivienda. En cambio, tiene menos acceso a los servicios públicos y se beneficia menos de las ayudas de la administración.
Otro de los cambios sociales importantes que destaca la institución es el empobrecimiento de la población, a consecuencia de las crisis económicas de 2008 y de la pandemia. En cuarto lugar, destaca el envejecimiento de la población, que aumenta las necesidades de atención a las cuales tiene que hacer frente la Administración y reduce el peso de la población que contribuye a financiar las prestaciones sociales. Y por último, señala que el crecimiento demográfico también ha generado un aumento de la producción y el consumo, que ha contribuido al cambio climático.
Carencias de la administración pública
La informe denuncia que la administración pública, ante este nuevo contexto social, no se ha adaptado a las necesidades sociales actuales y detalla una serie de carencias que han detectado. La institución determina que tanto el crecimiento demográfico como el envejecimiento de la población lleva a aumentar la presión asistencial sobre los servicios públicos, a modo de ejemplo, sitúa las listas de espera en salud, que no se han conseguido reducir durante los últimos años. Las quejas que el Síndic ha recibido sobre este ámbito han aumentado y han pasado de 671 en el 2018 en 989 en el 2023. También se producen retrasos en la tramitación de prestaciones económicas, como el RGC o la prestación por dependencia. También señalan la falta de cobertura de las políticas públicas, que contribuyen a desatender las necesidades sociales de la población. En este sentido, señala que solo el 18,9% de la población en situación de privación material severa del colectivo activable laboralmente ha percibido una RGC el año 2023. Así como la insuficiencia de vivienda social dificulta la atención de las situaciones de emergencia social.
El Síndic remarca que la situación de vulnerabilidad de las personas puede limitar su capacidad de acceder a las prestaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades sociales. Y señalan como principales obstáculos la falta de habilidades para gestionar el acceso a las prestaciones, el carácter restrictivo de los requisitos de acceso o los problemas de funcionamiento de los servicios o las trabas burocráticas. Otra de las carencias más destacadas es los déficits de acompañamiento, en especial, las más vulnerables. El informe apunta que casi 100.000 personas en Catalunya están institucionalizadas en centros de protección, centros penitenciarios, residencias de personas mayores, etc. Que responde, en parte, por la falta de recursos alternativos, como familias de acogida, medidas penales alternativas y atención domiciliaria integral. Por último, también destaca la falta de planificación del Gobierno para hacer frente a la situación de cambio climático. Ante la actual situación de sequía, el Síndic denuncia que las inversiones de la Generalitat para garantizar el servicio de agua a la población han sido insuficientes y las medidas de control del consumo no se han implementado por todas partes. Además, ha detectado carencias en el pleno despliegue de las energías renovables.
Transformación de la administración
Para concluir, el informe aporta una serie de recomendaciones para contribuir a la transformación de la administración. En primer lugar, un plan de actuación orientado a la desinstitucionalización de las personas, así como un sistema integrado de políticas de apoyo y acompañamiento a las familias con niños a cargo. La creación de un parque de viviendas sociales suficiente, estable, permanente y en régimen de alquiler, dirigido a las personas que tienen más dificultades para acceder a la vivienda. Desarrollar estrategias para situar las necesidades de las personas y los pacientes en el centro del sistema, mediante la integración de los servicios que conforman el sistema de salud. También establecer un plan de mejora del éxito educativo, así como hacer una planificación de las ciudades teniendo en cuenta la importancia de la planificación urbanística de entornos habitables y sostenibles. Una estrategia nacional para el fomento de la cohesión social que consolide un modelo de acogida de la población migrante y ponga el acento en las garantías de ascensor social. Y por último, promover el desarrollo sostenible y facilitar las prácticas que ayuden a mitigar el cambio climático y sus efectos y una estrategia de transformación de la organización y el funcionamiento de los diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya.