El nivel de cobertura del bono social eléctrico es del 4,6% de los consumidores en Catalunya y del 6,9% de los hogares, lejos del 20% de consumidores que están en situación de riesgo de pobreza o del 9% de la población que sufre una situación de privación material severa. Es decir, se estima que el bono social no cubre, como mínimo, cerca de dos terceras partes de la población en situación de riesgo de pobreza (65,3%) y cerca de una cuarta parte de la población en situación de privación material severa (23,3%). Es una de las conclusiones del informe La pobreza energética en Catalunya 2023: retos pendientes en un contexto de crisis energética, elaborado por el Síndic de Greuges y que este lunes por la tarde ha presentado la sindica, Esther Giménez-Salinas, en la comisión del Parlament; dónde también ha alertado que "hay un 20% de demandas de información pública (que son unas 2.000) de ciudadanos que las administraciones y ayuntamientos no contestan".
En el informe, se afirma que estos problemas de cobertura se deben, en parte, a la existencia de déficits de información, dificultades de tramitación, situaciones de exclusión residencial, y también al hecho de que una parte de las familias en riesgo de pobreza no cumplen el criterio de renta establecido. Por eso, se ha destacado que "hay dificultades en la tramitación del bono social eléctrico" y ha reclamado a las administraciones, catalana y estatal, que "desburocraticen" su tramitación. En concreto, apuesta por superar la complejidad de los trámites, especialmente para las personas vulnerables, y por simplificar la documentación que hay que aportar, que es compleja de recopilar para las personas vulnerables y que a menudo la Administración ya tiene en su poder. Además, desde el síndic se pide aplicar de forma automática el bono social eléctrico para viviendas sociales. También solicita establecer unos límites de renta en el bono social eléctrico para familias numerosas, con el objetivo de poder destinar estos recursos a mejorar la cobertura y la intensidad de este descuento a otras situaciones de vulnerabilidad.
Radiografía en Catalunya
El Síndic recuerda que desde hace 10 años que vela por los consumidores vulnerables con relación a los suministros básicos (electricidad, agua y gas) y que a pesar del avance, que califica de "notable" todavía hacen falta actuaciones más "proactivas" de las administraciones y de las empresas suministradoras de servicios para revertir estas carencias. Más todavía -añade- si se tiene presente el contexto de fuerte inflación en qué se da el elevado incremento de los precios de la energía de los últimos años, motivado por las consecuencias de la pandemia de la covid-19 y de la guerra en Ucrania.
La pobreza energética consiste en la dificultad de disponer de los suministros básicos de electricidad, gas y agua, y en hacer frente a las facturas que generan, fundamentalmente a consecuencia de carencias en relación con la renta familiar disponible o con la situación residencial. Estadísticamente, la pobreza energética se acostumbra a medir en función de la capacidad de atender con normalidad el pago de facturas o recibos de los suministros, la capacidad de garantizar unas condiciones de confort adecuadas al hogar o el peso del gasto de los suministros de energía en relación con el presupuesto familiar. Los principales indicadores que recogen estas tres dimensiones concluyen que la prevalencia de la pobreza energética en Catalunya se situaría entre el 5% y el 20%.
En el informe, se hace una exhaustiva recogida de datos y hace balance de las políticas públicas realizadas en los últimos años, como la ley catalana para luchar contra la pobreza energética. También detalla las principales debilidades y disfunciones detectadas en estas políticas y contiene una serie de recomendaciones para mejorarlas.
Así, se expone que la población de nacionalidad extranjera tiene el doble de probabilidad de sufrir la privación de mantener la temperatura adecuada a la vivienda (33,5%) que la población española (16,9%); seguida por la población parada (30,9%), frente a la población ocupada (18,2%), o entre la población con estudios primarios o inferior (24,3%) respecto a la población con estudios superiores (15%). Y se confirma la feminización de las situaciones de pobreza en general. Las mujeres suelen tener más dificultades para mantener la temperatura adecuada al hogar (20,6%) que los hombres (17,5%), y también más dificultades para pagar los recibos (4,5% frente 3,4%). El Síndic insiste en que "las políticas para combatir la pobreza energética, pues, tienen que estar diseñadas para combatir estas desigualdades sociales, proporcionando la ayuda necesaria a los colectivos más afectados".
Más gastos en los hogares
El Síndic explica que Catalunya es la comunidad autónoma con un gasto de los hogares en energía y agua per cápita más elevada: mientras el gasto familiar en energía y agua es de 525 euros por persona y año en el conjunto del Estado, en Catalunya esta cifra se sitúa en los 593 euros, un 12,9% más elevada. Madrid es la primera con 604 euros.
Más datos. Añade que el 19,2% de la población en Catalunya no tiene capacidad para mantener la temperatura adecuada a la vivienda, enfrente del 17,1% en el caso del conjunto del Estado español y del 6,9% en el caso de la UE.
Aumento de quejas por los servicios
El Síndic manifiesta que "la liberalización de la prestación de unas actividades consideradas esenciales no puede comportar la disminución de los derechos y las garantías de las personas". Y alerta de que "los conceptos de servicios universales o de interés general son imprecisos desde el punto de vista económico y jurídico: se trata de servicios privados en relación con elementos como la universalización de las prestaciones, las potestades públicas e, incluso, la autoridad."
En este sentido, detalla que en el periodo 2019-2022 ha aumentado en un 125% el número de quejas (de 717 a 1.614), básicamente relacionadas con las facturas o deficiencias del servicio. En el caso del agua, este incremento ha sido del 34,5%. Y añade que este incremento de quejas está relacionado con el aumento del coste de la energía, lo cual genera más preocupación y dudas.
Sin embargo, precisa que el aumento de las quejas no tiene por qué tener relación con un incremento de la pobreza energética. De hecho, admite que el número de quejas relacionadas con la pobreza energética es muy bajo: en el periodo 2019-2022, la institución ha recibido 106 quejas y consultas relacionadas con el bono social eléctrico y el bono social térmico, con un incremento del 32,0% en este periodo. Estas quejas y consultas, mayoritariamente, han sido presentadas por mujeres en el caso del bono social (62,5%).
El Síndic apunta que queda pendiente la modificación de la legislación del sector de hidrocarburos para establecer un precio social para el gas butano en función de las circunstancias personales, de manera que se supere la situación actual en que el precio de la bombona es lo mismo independientemente de su uso, como fuente de energía básica de las personas o como elemento propio de establecimientos comerciales o recreativos, como las terrazas en la vía pública.
Un órgano coordinador
También se solicita que las medidas establecidas por el Gobierno durante el estado de alarma y a raíz de la guerra en Ucrania, tienen que tener "una garantía de continuidad", Por ejemplo, la prohibición de la suspensión de suministro para los consumidores vulnerables, que ha sido prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 2023. También está prevista hasta el 31 de diciembre de 2023 la reducción del tipo de gravamen del IVA al 5% en la electricidad y el gas, como también las otras medidas adoptadas por el Estado dirigidas a reducir la factura eléctrica, como son la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y la reducción del 5% al 0,5% del tipo de gravamen del impuesto especial sobre la electricidad.
En el ámbito catalán, el Síndic de Greuges propone que la Generalitat y Endesa tiene que revisar la aplicación del convenio firmado hace dos años para proteger a las personas vulnerables, y que se impulsen acuerdos con otras empresas suministradoras. Además, de apostar por la mediación para resolver el problema de la deuda existente de las personas vulnerables.
El Síndic propone que se impulse la constitución de un órgano de la Generalitat, que actualmente no existe –aunque Catalunya ha sido pionera en la aprobación de una legislación en la materia (la Ley 24/2015)–, que defina, impulse o coordine las políticas públicas referentes a la pobreza o vulnerabilidad energética.
Y ,entre otras propuestas, destaca que "la Agencia Catalana del Consumo tendría que iniciar las correspondientes actuaciones de investigación, sea de oficio o a raíz de las denuncias recibidas, para determinar si las actuaciones de las empresas suministradoras o las agencias de cobro de deudas hacia las personas en situación de vulnerabilidad pueden vulnerar los derechos de los consumidores establecidos en la normativa de consumo. Y si procede, tendría que iniciar los correspondientes expedientes administrativos. Precisamente, ha habido alguna causa que ha llegado a la vía penal.