La síndica de greuges ha concluido que la gincana porno de Vilassar de Mar (Maresma) no era educación afectivo-sexual. Después de abrir una investigación al principio de agosto, la institución ha considerado finalmente que las actividades "no cumplían los criterios que este tipo de educación tiene que tener para permitir que los niños y adolescentes reciban la preparación que les capacite para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad y sus relaciones de manera libre y responsable". Es por esto que ha pedido al ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para evitar que se vuelvan a producir situaciones como esta, a la vez que garantice que todas las actividades relacionadas con la educación sexual y afectiva de los niños y adolescentes se hagan con plenas garantías de calidad y de adecuación a la edad y desarrollo. "También se recomienda llevar a cabo una evaluación técnica externa realizada por expertos en educación sexual y afectiva en jóvenes y adolescentes", ha indicado en una nota de prensa difundida este lunes.
Por partes, la defensora del pueblo ha apuntado que "no se ha acreditado que las personas que trabajaban en el proyecto dispusieran de formación específica en educación afectiva y sexual con niños y adolescentes". "La edad tendría que haber sido un elemento básico para el diseño y la planificación de la actividad. Había que garantizar que la actividad era adecuada para el nivel madurativo de los participantes y en uno de los grupos, por ejemplo, coincidieron jóvenes de edades muy diferentes. Eso se tendría que haber evitado", ha añadido.
Sin formación, sin edad, sin información y sin autorización
En esta línea, la defensora del pueblo también ha reprochado que las personas que se inscribieron a la gincana no fueron informadas previamente del contenido de las pruebas. "Tener la información adecuada habría permitido decidir de manera más fundamentada sobre la participación en las actividades. Esta desinformación pudo situar a los participantes en situaciones inesperadas e incómodas, aunque se presentaran como actividades voluntarias", ha señalado.
Por otra parte, la institución ha reconocido que el Ayuntamiento de Vilassar disponía de los formularios de consentimiento de difusión de imágenes "globales para todas las actividades del Julio Joven". Pero eso no era suficiente: "En el caso de los niños menores de catorce años, cualquier entidad pública o privada que quiera hacer un tratamiento de datos personales tiene que contar con una autorización expresa de los progenitores o tutores legales y, a partir de los catorce años, hace falta la autorización expresa del mismo adolescente". Es por todo eso que "la práctica del Ayuntamiento no cumplió de manera suficiente los requisitos legales de autorización expresa, que tienen que incluir información clara y suficiente sobre el tipo de tratamiento a que se refiere (grabar, publicar, ceder, etcétera), así como el tipo de soporte y el medio de comunicación/difusión que se prevé para el tratamiento de los datos". "Cabe decir que en este sentido, cuando las familias pidieron la rectificación del Ayuntamiento, se hizo de forma inmediata", ha añadido.